Durante la sesión ordinaria, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, subrayó la necesidad de adaptar el marco legal a las realidades económicas actuales, al tiempo que destacó que el plan legislativo priorizará leyes que protejan el ingreso de los ciudadanos y aseguren la estabilidad de los precios frente a las fluctuaciones del mercado.

En su argumentación sobre los motivos del proyecto de hidrocarburos, el diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, señaló que la normativa vigente desde 2006 requiere una actualización ante la “transición energética acelerada” y la alta competitividad global.

La reforma introduce cambios estructurales que permitirán a empresas operadoras asumir la gestión integral de los proyectos a su propio riesgo y costo, lo que dinamizará la actividad operativa sin que el Estado deba incurrir en deudas o compromisos financieros directos.

Según explicó recientemente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este mecanismo permitió en 2025 alcanzar una producción de 1,2 millones de barriles diarios y atraer inversiones cercanas a los 900 millones de dólares.

En cuanto a la expansión de la producción, el proyecto contempla incentivos específicos para los denominados campos no desarrollados, pues se propone una flexibilidad en el régimen fiscal y en el pago de regalías, lo que busca un equilibrio económico que resulte atractivo para los inversionistas internacionales y locales.

Asimismo, la propuesta legislativa enfatiza el fortalecimiento de la seguridad jurídica dentro del sector energético, para lo que se incorpora la posibilidad de acudir a mecanismos de mediación independientes para la resolución de conflictos.

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