El Ejecutivo de Colombia planteó un encuentro de alto nivel entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía para el domingo 25 de enero en la zona fronteriza de Ipiales, Nariño, con el objetivo de alcanzar una solución negociada.

Hasta el momento, la administración del presidente Daniel Noboa, que impuso una “tasa de seguridad” del 30 por ciento a productos colombianos desde el 1 de febrero, no ha respondido oficialmente a la propuesta.

Mientras, Colombia aplicó, en reciprocidad, aranceles del mismo porcentaje a las importaciones ecuatorianas y desde este jueves suspendió la venta de electricidad, clave para mitigar el déficit en su vecino del sur.

La Comunidad Andina (CAN) se ofreció a mediar entre ambas partes, integrantes de ese mecanismo de integración, para evitar que comiencen a aplicarse las medidas de la guerra comercial.

Noboa justificó la imposición de su “tasa de seguridad” al país vecino con el argumento de una “falta de reciprocidad” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera de 600 kilómetros.

El jefe del Ejecutivo ecuatoriano sostuvo que Ecuador enfrenta solo a los grupos criminales y que el gravamen se mantendrá hasta que exista un compromiso real del país vecino.

Desde Bogotá, el Ministerio de Defensa y otras entidades expusieron ejemplos de cooperación en materia de seguridad en las zonas fronterizas.

En tanto, el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la decisión ecuatoriana como “una agresión económica que rompe el principio de integración regional”.

En relación con lo que en realidad podría estar detrás de la decisión de Noboa, la asambleísta ecuatoriana Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana (RC), mencionó una “retaliación política” vinculada con el pedido de Petro, de liberar al exvicepresidente Jorge Glas.

“A Daniel Noboa el país le importa poco, y la frontera aún menos”, afirmó la legisladora, al señalar que Colombia ha mostrado mayor interés en la pacificación de la frontera común.

Por su parte, gremios empresariales y analistas advirtieron sobre las consecuencias para Ecuador de la guerra arancelaria iniciada por Noboa al estilo del gobernante estadounidense, Donald Trump, que puede tener impacto económico, comercial y energético.

En cuanto a la suspendida venta de electricidad, el Ministerio de Ambiente y Energía del país de la mitad del mundo aseguró que puede cubrir la demanda sin necesidad de la nación vecina.

«Le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues están viendo [para] saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar, a veces», señaló Petro.

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