En un mensaje publicado en la red social X, Petro señaló que el primer punto que quiere examinar es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos, para enviar que sean usados para la exportación de cocaína o el contrabando de insumos de fentanilo.
El mandatario afirmó que bandas criminales que operan en Ecuador, cuyos líderes han sido capturados en Colombia, se han especializado en el transporte de cocaína hacia el exterior y de insumos de fentanilo hacia el interior de la región.
Indicó que esos insumos solo pueden ingresar por buques mercantes, lo que hace necesario establecer un control estricto sobre los puertos marítimos.
Petro sostuvo que el desplazamiento de rutas del narcotráfico desde puertos colombianos del Pacífico hacia Ecuador tiene como efecto colateral el aumento de contrabandos que consideró más peligrosos que la cocaína.
El presidente colombiano reiteró su llamado a una mayor coordinación militar, policial y de inteligencia entre ambos países, y afirmó que esta política fue aceptada por Ecuador en un reciente encuentro regional en Manaos, Brasil.
Añadió que se instalará un radar de seguridad aérea en Ipiales, zona limítrofe con Ecuador, en el marco de un contrato firmado en 2023, para detectar rutas ilegales.
“Ya son más de 22 mil familias colombianas de la zona fronteriza dispuestas a erradicar de raíz las matas de coca, es la única erradicación eficaz, y podemos sustituir miles de hectáreas por producción agraria legal y selva nativa. Estamos visualmente cambiando el territorio”, apuntó el gobernante.
Destacó que Tumaco dejó de ser el principal municipio productor de cocaína a nivel mundial, al calificarlo como un logro parcial de su gobierno.
Su declaración se produce en momentos en que los dos países están a la espera de una posible reunión la próxima semana para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por Noboa.
El mandatario ecuatoriano anunció que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 por ciento a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
En respuesta, el Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica a los ecuatorianos.
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