Según los organizadores, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), la marcha iniciará a las 8:00 de la mañana (hora local) y llegará desde el parque Cuscatlán hasta la Plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico capitalino.
Los participantes se pronunciarán contra los despidos en el Estado, persecución política y el despojo de tierras.
En su convocatoria, el BRP llamó también a rechazar los despidos del personal de salud del Hospital Rosales y denunciar la persecución contra defensores de derechos humanos por capturas o exilio, así como el despojo de tierras a comunidades.
Asimismo, el ente que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil estimó que estas protestas son necesarias porque el país atraviesa una crisis profunda y estructural producto de un modelo económico excluyente y de un régimen autoritario que concentra el poder político y económico en beneficio de una minoría.
Citado por el diario El Mundo, el BRP sostuvo que las condiciones del país generan en la mayoría un estado de “precariedad, incertidumbre y miedo” que estarían colaborando para la generación de desempleo, informalidad y migración forzada”.
La conmemoración de los Acuerdos de Paz de 1992, que el gobierno ignora, se convierte en un llamado urgente a la defensa de la democracia, la inclusión social y los derechos fundamentales, dicen organizaciones como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), MOVIR, el CMDT y las comunidades históricas, entre otras.
Una reseña del diario Colatino subraya que para muchos sectores, el discurso gubernamental actual busca deslegitimar estos acuerdos, construyendo una narrativa basada en el negacionismo y en la promesa de una “democracia totalitaria”, término acuñado por el sacerdote Juan Vicente Chopín.
Esta “nueva dictadura”, denuncian los convocantes, perpetúa la exclusión social y económica, mientras recurre al despido masivo de trabajadores públicos, la persecución de comerciantes informales, la exclusión de pequeñas empresas de compras estatales, la corrupción, el endeudamiento público y la destrucción ambiental.
A ello se suman el régimen de excepción, la manipulación religiosa, el abandono de la agricultura y la reactivación de la minería, prácticas que, según los organizadores, atentan contra los principios democráticos y la justicia social.
Sin embargo, encuestas de opinión dan un amplio respaldo al presidente Nayib Bukele, en ocasiones superior al 90 por ciento.
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