Sin embargo, el procedimiento judicial en el llamado “Caso AGT” se vio envuelto en polémica este martes, pues los abogados defensores se retiraron de la sala en protesta por lo que consideran graves violaciones del debido proceso. Conocido bajo ese nombre por las siglas de la Administración General Tributaria, entidad que estuvo en el centro de un esquema fraudulento de reembolso del impuesto sobre el valor añadido (IVA), la Fiscalía acusa a los participantes de acceso ilegítimo a un sistema de información, fraude informático, asociación para delinquir y malversación de fondos.

Las investigaciones revelaron una red formada por empleados que desempeñaban diversas funciones, los cuales, aprovechando estas posiciones, llevaron a cabo operaciones fraudulentas para evadir al fisco, falsificar documentos y lavar dinero.

De acuerdo con el expediente, las empresas que participaron de este esquema crearon redes ficticias de facturación y manipularon declaraciones de impuestos; se beneficiaron de alteraciones en el Sistema Integrado de Gestión Tributaria con lo cual redujeron sus impuestos.

También estuvieron involucradas en la emisión irregular de comprobantes de pago y en devoluciones indebidas del Impuesto al Valor Agregado, entre otras prácticas.

A pesar de la gravedad de los delitos, los abogados de la defensa consideran que el sistema judicial está vulnerando los derechos de los acusados y exigieron al tribunal que ponga el expediente a disposición de todos los profesionales del derecho, no solo del Ministerio Público.

Este martes, señalaron que el juicio no puede proceder, pues aún no se resolvieron varias cuestiones relativas a la administración de justicia, y manifestaron que el expediente debería ponerse a disposición del Colegio de Abogados de Angola, para su consulta por parte de todos los abogados defensores.

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