En un pronunciamiento difundido este martes, la entidad informó sobre la recientes muertes violentas de tres personas trabajadoras abacaleras en zonas cercanas al cantón Patricia Pilar, en la provincia de Los Ríos, donde habitan familias que fueron víctimas de condiciones de esclavitud moderna asociadas a la empresa Furukawa.

Según el comunicado, las muertes se produjeron en un contexto de violencia estructural e inseguridad que afecta de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente a quienes han denunciado históricas violaciones de derechos humanos.

Para la Comisión, lo ocurrido no constituye un hecho aislado, sino una nueva expresión de las condiciones de riesgo, indefensión y desprotección que continúan enfrentando las víctimas del caso Furukawa y sus familias.

La entidad sostuvo que estos hechos evidencian el incumplimiento del deber del Estado ecuatoriano de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso efectivo a la justicia.

La empresa de capital japonés Furukawa se estableció en el país en 1963 y desde entonces se dedica al cultivo y procesamiento de abacá, planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, utilizadas en la fabricación de papel.

Una investigación periodística de 2019 dio cuenta de la sistemática vulneración de derechos de quienes vivían y trabajaban en las plantaciones de esa firma.

Condiciones de trabajo inhumanas, falta de agua potable, luz y saneamiento, jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social, hacinamiento, trabajo infantil, entre otros fueron los abusos cometidos contra el centenar de trabajadores de Furukawa.

El pasado mes de enero extrabajadores de Furukawa denunciaron el incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional que exigió indemnización y reparación integral.

Aunque el fallo obliga a la firma a resarcir económicamente a las víctimas, los afectados aseguraron que no se ha cumplido con la reparación ordenada y, además, tienen obstáculos para acceder a empleo en otras compañías.

Expertos de la ONU expresaron su preocupación por que el Estado ecuatoriano no haya tomado medidas efectivas ni garantizado reparaciones materiales, como dictó la Corte, lo que crea un entorno peligroso para los supervivientes y los defensores de los derechos humanos.

rgh/avr