Para este miércoles está prevista una reunión del Consejo Colegiado de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) sobre normas específicas dirigidas a la producción de marihuana con dicho objetivo, en cumplimiento de una decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El debate actual, recordaron reportes de prensa, gira en torno al análisis de una resolución que hasta ahora regula el acceso a productos a base de cannabis, pero no contempla de manera plena el cultivo nacional.
Un fallo del STJ de noviembre de 2024 estableció la necesidad de imponer reglas a la siembra y la cosecha de la marihuana exclusivamente para propósitos farmacológicos, siempre que el contenido de tetrahidrocannabinol (THC) sea igual o inferior al 0,3 por ciento.
Por su parte, Anvisa presentó tres propuestas de resolución que abarcan la producción del cannabis medicinal, la investigación científica con la planta y el funcionamiento de asociaciones de pacientes.
A juicio del presidente de esa entidad, Leandro Safatle, la demanda por tal tipo de productos creció de manera exponencial en la última década, reflejada de forma principal en el aumento de las importaciones individuales.
Datos oficiales, citados por Agencia Brasil, precisan que desde 2015 hasta 2025 se concedieron más de 660 mil autorizaciones para entrar al gigante sudamericano creaciones derivadas del cannabis.
En la actualidad, subrayan los números, 49 productos de 24 empresas cuentan con el permiso de Anvisa y se comercializan en farmacias, mientras que unas 500 determinaciones judiciales habilitan el cultivo a personas físicas o jurídicas.
Además, cinco estados brasileños aprobaron leyes para esa iniciativa, lo cual es considerado como evidencia de la fragmentación normativa que una nueva regulación debe ordenar.
Las propuestas para el cambio establecen un marco restrictivo, y así la producción quedaría limitada a personas jurídicas, con inspección sanitaria previa y exigentes requisitos de seguridad, incluido el monitoreo por cámaras las 24 horas del día y georreferenciación de los cultivos.
El límite de THC del 0,3 por ciento busca garantizar el carácter no narcótico de los productos y la alineación con estándares internacionales.
Otro aspecto relevante es la apertura a la producción sin fines de lucro por parte de asociaciones de pacientes, una demanda histórica de colectivos que dependen de fallos judiciales para operar.
Anvisa pretende evaluar la viabilidad de modelos de pequeña escala fuera del esquema industrial, mediante convocatorias públicas, lo cual, según especialistas, pudiera ampliar el acceso y reducir costos.
Las resoluciones finales, si son aprobadas, tendrán una vigencia inicial de seis meses para valorar su implementación y realizar ajustes teniendo en cuenta realidades particulares.
Estimaciones oficiales recalcan que más de 670 mil personas en Brasil consumen productos a base de cannabis, y desde 2022 el Ministerio de Salud cumplió unas 820 órdenes judiciales para suministrar tratamientos.
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