En un comunicado, los analistas señalaron que, casi un año después de que se pusiera fin a la financiación federal para la representación legal de menores no acompañados, miles de ellos siguen bajo custodia sin acceso a la asesoría adecuada, lo cual los obliga a enfrentarse solos a procesos complejos.

Asimismo, precisaron que, en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de ese país es responsable del cuidado y la custodia de los niños no acompañados.

La normativa exige que el Departamento de Seguridad Nacional proteja a los pequeños contra el maltrato, la explotación y la trata. También estipula que los niños no acompañados bajo custodia federal tengan acceso a asesoría legal y no deben ser sometidos a expulsión acelerada, es decir, deportación sin una audiencia, señalaron.

Sin embargo, los relatores explicaron que, el 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro que suspendieran su trabajo y puso fin a la financiación de los abogados.

Aunque esa medida fue impugnada ante los tribunales, muchos de los 26 mil niños afectados perdieron su asesoría y siguen en riesgo de expulsión forzada, apuntaron.

Por otra parte, citaron informes que indican que jóvenes migrantes son retenidos en celdas sin ventanas, se les niega atención médica adecuada y son separados de sus padres o cuidadores durante largos períodos.

Entre enero y agosto de 2025, el tiempo promedio de custodia aumentó de un mes a seis, mientras que las liberaciones a cuidadores familiares cayeron en más de la mitad. También se presiona a los menores para que acepten un pago en efectivo de dos mil 500 dólares para “autodeportarse” o enfrentar una detención indefinida y ser traslados a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos al cumplir los 18 años, añadieron.

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