Tal planteamiento forma parte de un documento divulgado este miércoles por la red Observatorio del Clima (OC), integrada por 161 agrupaciones de la sociedad civil, con recomendaciones al Ejecutivo brasileño para la elaboración de un mapa de ruta hacia una transición energética justa.

El gobierno tiene de plazo hasta el próximo 6 de febrero para presentar las directrices de ese plan, conforme a un despacho firmado en diciembre pasado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras la conclusión de la COP30, que aconteció en el gigante sudamericano.

Como parte de sus recomendaciones técnicas, el OC propone establecer un cronograma para finalizar las subastas de petróleo en Brasil, supliendo la decreciente demanda interna de ese recurso con los pozos existentes.

Además, sugiere la creación de zonas de exclusión para la exploración de combustibles fósiles en áreas socioambientalmente sensibles, por ejemplo, al prohibir nuevas explotaciones petroleras en la Margen Ecuatorial, de manera especial en la desembocadura del río Amazonas.

El OC plantea que el gobierno calcule la producción mínima necesaria, y se centre en las actividades nacionales que no pueden sustituir completamente al petróleo y sus derivados.

A la vez, insta a priorizar la optimización de la generación hidroeléctrica sin nuevos embalses y apostar por innovaciones como la energía solar flotante, al tiempo que descarta inversiones en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono por su alto costo, riesgos tecnológicos y limitada capacidad de expansión en el corto y mediano plazo.

En materia de transporte, recuerda que el sector vial concentra el 52 por ciento de las emisiones energéticas del país y exhorta ampliar el uso de alternativas como biocombustibles, hidrógeno, electrificación y biometano.

Al mismo tiempo, el informe referido cuestiona los actuales incentivos estatales a los combustibles fósiles, que en 2024 alcanzaron 47 mil millones de reales, y propone fortalecer instancias como el Foro Nacional de Transición Energética, con mayor capacidad de incidencia en las decisiones ministeriales.

También llama a crear una autoridad de implementación con atribuciones legales para supervisar plazos y garantizar la estabilidad institucional del proceso, junto a un plan nacional de desmantelamiento de infraestructuras fósiles, con participación de trabajadores y comunidades afectadas.

jha/dsa