Pese al llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, a preservar la paz y respetar las normas, las fuerzas de Tel Aviv demolieron e incendiaron un complejo de la Unrwa en la zona ocupada de Jerusalén Este y ordenaron el corte de los servicios de electricidad y agua a escuelas, centros de salud y otras instalaciones de ese organismo.

En un comunicado, la agencia condenó la presión de Israel sobre los proveedores y señaló que esas acciones atentan contra el funcionamiento de aulas y oficinas, el almacenamiento de medicamentos esenciales y la posibilidad de brindar una atención médica adecuada.

En octubre del año pasado, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Israel tiene la obligación de garantizar el acceso a los suministros esenciales para la vida diaria como alimentos, agua, suministros y servicios médicos. También debe facilitar la labor de la Unrwa en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, donde Tel Aviv no tiene derecho a ejercer soberanía, recordó ese organismo.

Por su parte, el comisionado general de la Unrwa, Philippe Lazzarini, afirmó que la labor de los trabajadores humanitarios debe ser respetada y denunció la violencia constante, el desplazamiento forzado, las restricciones de acceso sobre el terreno, las trabas burocráticas, las limitaciones a las organizaciones para traer suministros y la negativa a la entrada de suficientes casas móviles, equipos de rescate y combustible, entre otros.

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