El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso con tal fin archivar una investigación preliminar iniciada antes de su cese en el cargo, por la pérdida de vidas ocurrida en 2024.

La resolución del fiscal afirma que “no se hallaron elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal” a Boluarte y varios de quienes fueron sus ministros cuando ocurrieron los mortales incendios.

Añade que las acciones del Ejecutivo se enmarcaron en el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que activó medidas excepcionales basadas en informes técnicos previos.

Los incendios forestales se registraron entre agosto y septiembre de 2024 y afectaron regiones como las selváticas de Amazonas, San Martín y Ucayali, y las andino-amazónicas de Cusco y Huánuco, entre otras.

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