Ambos eventos fueron catalogados de estratégicos e históricos para la nación en medio del contexto de transformaciones aceleradas en el ámbito económico y político que se está viviendo desde el pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos agredió el país y secuestro a la pareja presidencial.

A criterio de las autoridades estas evoluciones buscan mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y alcanzar la convivencia, la paz y tranquilidad perpetúa, luego de largos años de confrontaciones políticas y de violencia, propiciados por sectores extremistas de la oposición.

La nueva normativa en su reforma parcial tiene entre sus objetivos adecuarse a las nuevas circunstancias que rigen el escenario mundial y al mercado internacional de la producción petrolera, al tener Venezuela la mayor reserva mundial calculada en 330 mil millones de barriles bajo tierra.

El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del parlamento, Orlando Camacho, al exponer los argumentos de las reformas en la primera discusión expuso que sus modificaciones clave propone «aumentar las garantías jurídicas» para la inversión del sector de los hidrocarburos.

Incorporando acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana, añadió.

Planteó, asimismo, la creación de mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados que requieren un equilibrio para construir el régimen fiscal y a su vez de altas inversiones para su desarrollo.

Durante la segunda discusión del anteproyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad parlamentaria, Camacho explicó que la propuesta fue sometida a consideración en consulta pública con los trabajadores de la industria petrolera en los estados de Anzoátegui y Falcón.

Indicó que la Comisión recibió más de 120 propuestas por escrito desde distintos lugares, inclusive fuera de Venezuela, y por legisladores de ambas bancadas, las cuales fueron consignadas y “todo fue sistematizado”.

El diputado de la Bancada de la Patria puntualizó que los 34 artículos modificados, -la semana anterior se anunciaron 18- fueron sometidos a consideración ante la Comisión y resultaron aprobados por todos los parlamentarios de ese órgano.

Aseguró que la reforma va a cambiar la economía del país y propiciará “grandes transformaciones” para nosotros, nuestros hijos, nietos y el futuro de Venezuela.

En una audiencia pública con una variopinta representación pública, privada y extranjera, la mandataria encargada declaró que “el pueblo de Venezuela no recibe órdenes de ningún factor externo” y reafirmó la disposición de dialogar con Estados Unidos, «pero deben ser de respeto a la legalidad internacional”.

Por la oposición, el diputado Antonio Ecarri calificó la sesión del pasado jueves de histórica y exhortó a abordarla con “la debida responsabilidad” porque esto afecta a cada uno de los venezolanos y el justo contenido de esta Ley marcará los próximos 50 años de nuestra historia.

Estamos entrando a la competitividad internacional, es un punto de inicio y «aspiramos que otros sectores de la economía nacional sean tratados con los mismos criterios», declaró.

Pocas horas después de la sanción de la Ley y en un acto en Miraflores, sede del Gobierno, ante miles de trabajadores de la industria petrolera y el pueblo, la dignataria recibió de manos del titular del parlamento la normativa jurídica y procedió a su firma y proclamación en medio de aplausos.

Rodríguez señaló que estaba demasiado emocionada porque en la Ley está la impronta del comandante Hugo Chávez, reafirma la “soberanía sobre nuestros recursos energéticos” y está la visión de futuro del presidente constitucional Nicolás Maduro.

Subrayó que la Ley permite dar el “verdadero salto histórico cualitativo” para convertir las reservas petroleras en la felicidad más grande del planeta que pueda tener un pueblo y sea el venezolano su titular.

De enorme trascendencia, por el impacto político tras 27 años de Revolución bolivariana, resultó el anuncio la víspera de la presidenta encargada de impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad.

Al intervenir en la apertura del Año Judicial 2026 y presentación de gestión en 2025 del Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez especificó que esta debe ser “para reparar las heridas” dejadas por la confrontación política desde la violencia y extremismo, así como “reencausar la justicia y convivencia” entre los venezolanos.

Puntualizó que quedarán exceptuados de esta ley aquellos procesados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

A cargo de esta norma jurídica estará la Comisión para la Revolución Judicial, dirigida por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y el Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz.

La gobernante encargada llamó a que en las próximas horas presenten la normativa ante la Asamblea Nacional y solicitó la máxima colaboración del cuerpo legislativo del país.

No menos importante resultó en la semana la investidura de la dignataria como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -cargo que ocupa por primera vez una mujer en la historia republicana-, ocasión en que informó de la creación de una Oficina Nacional para la Seguridad y Defensa Cibernética.

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