El gremio exige la eliminación del arancel a los productos colombianos, una decisión que según Noboa responde a una supuesta falta de cooperación del país cafetero en el enfrentamiento al narcotráfico y a la minería ilegal en la zona limítrofe.
Un grupo de choferes caminó por el paso fronterizo este martes con consignas que exigen a los gobiernos de Quito y Bogotá deponer la imposición de gravámenes, debido a las afectaciones en la cadena logística de la economía de ambos países.
«La repercusión será muy crítica», dijo el presidente de la Asociación de Transportistas Pesados de Carchi, Carlos Bastidas, al portal de noticias Ecuador Chequea.
En su opinión, «los dos gobiernos deben conversar, en lugar de hacer una guerra comercial”.
En tanto, Omar Guerrón, presidente del gremio de Transporte Pesado del Carchi, señaló que el arancel del 30 por ciento, impuesto de forma recíproca, afecta a todas las exportaciones que salen hacia Colombia y también las compras en el país vecino.
A los transportistas ecuatorianos se sumaron colombianos y en el punto fronterizo intercambiaron banderas como símbolo de unidad y solidaridad.
Desde este 1 de febrero el comercio bilateral comenzó a operar bajo el nuevo esquema arancelario luego de que el Gobierno ecuatoriano aplicara la denominada “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas.
Bogotá negó las acusaciones de falta de enfrentamiento al narcotráfico y, en respuesta, además de imponer un gravamen equivalente a productos ecuatorianos, suspendió la venta de electricidad a Ecuador, que utilizaba esa energía para compensar su déficit y preservar los recursos hídricos
Luego, Quito decidió elevar el precio del transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, donde la tarifa pasó de tres a 30 dólares por barril.
Gremios empresariales de ambos países advirtieron que la aplicación simultánea de los aranceles provocará pérdida de empleos, alzas de precios y riesgos de desabastecimiento en dos economías altamente integradas.
Pese a los pedidos de revisar la decisión antes de su aplicación, una reunión reservada de cancilleres de las dos naciones en Panamá concluyó sin resultados concretos.
La Corte Constitucional de Ecuador tramita una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución del Servicio Nacional de Aduana que oficializó el arancel, aunque no hay fecha prevista para un pronunciamiento.
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