“Hay una serie de hechos que deben ser esclarecidos y que nos preocupan. El Gobierno, teniendo bajo su tuición a la Policía y a la Fiscalía, no puede dar una respuesta clara a la sociedad”, afirmó el senador de la bancada Libre.

Sánchez indicó que durante el transcurso de esta semana se prevé conformar ese equipo investigador, enfocado particularmente en el ingreso de las 32 maletas, cuyo contenido y paradero, según lamentó, no han sido esclarecidos, ya que se desconoce si transportaban droga o recursos económicos.

Insistió en que la alianza Libre, como fuerza política de oposición, impulsó la iniciativa, la cual ya se encuentra avanzada, y expresó su expectativa de que el pleno senatorial apruebe su conformación en sesión.

El caso denominado inicialmente como “narcomaletas” y ahora presentado a la prensa como “maletas”, se refiere al ingreso de 31 valijas sin control aduanero desde Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Hasta el momento, el expediente penal involucra al menos a siete personas, entre ellas un juez, una exdiputada nacional y excandidata al Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, funcionarios de la Aduana y otros implicados.

Como parte de este proceso, el juez Hébert Zeballos cumple detención preventiva por cuatro meses en la prisión de Palmasola, como copropietario de una empresa de seguridad en la cual durante un allanamiento fueron ocupados cerca de 80 kilogramos de marihuana.

También cumple aprehensión preventiva por 180 días la exlegisladora nacional Laura Rojas en el mismo penal, quien trajo los bagajes en un vuelo chárter desde Los Ángeles, y utilizó ilegalmente en Viru Viru un pasaporte diplomático para extraerlos mediante la evasión de los controles establecidos por normativa.

La semana pasada, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sostuvo que el denominado caso “Maletas” pudo haberse esclarecido en 24 o 48 horas si las autoridades hubieran contado con información oportuna desde el inicio de las investigaciones.

Precisó que la ilegalidad conocida por el Gobierno desde inicios de diciembre, solo fue informada al Ministerio Público el 19 de enero en un informe policial.

Indicó que, dentro del mismo informe, se solicitaba el allanamiento de cuatro domicilios en Santa Cruz, y como resultado, uno de los inmuebles intervenidos correspondía a la empresa de seguridad propiedad de Zeballos, donde se ocuparon las sustancias controladas, lo cual derivó en una nueva pesquisa por el delito de tráfico de sustancias controladas.

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