“Están trabajando en ello, y cualquier situación o diligencia que requieran, ahí va a estar la comisión de fiscales para poder accionar”, afirmó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Informó que el lunes se realizaron ocho nuevos allanamientos a inmuebles pertenecientes a las personas investigadas por este caso.
“Ayer en conjunto han realizado más de ocho allanamientos (…) en la ciudad de Santa Cruz, principalmente inmuebles que pertenecerían a los investigados de este hecho de sustancias controladas”, explicó la autoridad.
El expediente penal se refiere a la llegada de 31 maletas en un vuelo chárter procedente de Los Ángeles con un costo cercano a los 100 mil dólares, las cuales pasaron a finales de noviembre del año pasado por Viru Viru sin el control ni la revisión que deben realizar los funcionarios del aeropuerto según establece la normativa.
Los bagajes fueron depositados en una empresa de seguridad propiedad del juez Hebert Zeballos, donde un registro halló 79 kilogramos de marihuana, según la fiscalía.
En este contexto, se encuentran aprehendidos cautelarmente en la prisión de Palmasola el juez Zeballos (por 120 días) y la exdiputada Laura Rojas (por seis meses), quien trajo las maletas al país y utilizó un pasaporte diplomático para evadir los controles establecidos.
La semana pasada, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que desde inicios de diciembre el Gobierno ya tenía conocimiento de estos hechos, pero mantuvo “una reserva institucional responsable” al respecto.
Añadió que se desconocía detalles del caso, como la implicación de la exdiputada nacional Rojas, así como funcionarios de otras instituciones.
Sostuvo Oviedo que la decisión del Gobierno de mantener la “reserva institucional” tuvo el objetivo de “no interferir en las investigaciones preliminares, respetando la independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial, y sin proteger o encubrir a persona alguna”.
Mariaca, sin embargo, lamentó que la fiscalía conoció lo que denominó “caso maletas” solo el 19 de enero del año en curso, cuando el Ejecutivo ya tenía información del hecho desde diciembre de 2025.
“Hemos verificado el sistema. Puedo decir de frente que nosotros nos enteramos en fecha 19 de enero de 2026 (…), tengo que ser objetivo, dicho inicio de investigación se conoce por parte del Ministerio Público el 19 de enero”, enfatizó el fiscal general.
A partir de esta situación, el diputado nacional Rolando Pacheco anunció este martes en el canal privado DTV que denunciará penalmente a Oviedo por incumplimiento de deberes.
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