Frustrado candidato presidencial en los comicios generales de 2025 y ahora principal aliado del Gobierno del dignatario Rodrigo Paz, el acaudalado empresario Doria Medina aseguró que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) es responsable de la venta del hidrocarburo defectuoso que dañó a miles de vehículos, y criticó que se culpe al anterior Gobierno.

“Ya está de buen tamaño ese cuento de la anterior gestión. La gente del YPFB es responsable desde que ha sido nombrada. Entonces, ya no pueden echar la culpa al anterior Gobierno. Ellos son los responsables y todos los funcionarios públicos son responsables de sus actos”, criticó a la corporación estatal.

Advirtió que transcurrieron ya tres meses desde el cambio de Ejecutivo, y señaló que cada vez tiene menos credibilidad con la población “ese cuento de echarle la culpa por un problema actual al anterior Gobierno (…)”.

Un día antes de esas declaraciones, el Gobierno que encabeza Paz culpó a la anterior Administración por el combustible defectuoso, y atribuyó ese problema a la existencia de residuos en los depósitos.

Por su parte, el extitular del Senado y excandidato presidencial en 2025 por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, enfatizó esta semana en que la responsabilidad de garantizar la calidad del combustible exclusivamente recae en las autoridades que lo importan.

“Es absolutamente inadmisible que, después de anunciar con bombos y platillos la llegada de cisternas y asegurar que el abastecimiento de gasolina y diésel estaba garantizado, el propio Gobierno admita ahora la distribución de combustible de mala calidad, intentando culpar a gestiones anteriores”, deploró Rodríguez.

Lamentó que se venda “propaganda como gestión” y después refugiarse en responsabilidades ajenas cuando aparecen fallas de la magnitud del desastre conocido como “gasolina basura”.

Desde el bajo perfil mediático que mantiene tras su fracaso en la lucha por la presidencia, Rodríguez fue enfático en la aseveración de que el Gobierno actual es el único responsable de verificar los estándares de calidad del combustible que se importa y se distribuye en el mercado interno.

Subrayó el exdiscípulo principal de Evo Morales que este tipo de irregularidad afecta directamente a la economía y a la confianza de la población.

Rodríguez se hizo eco en sus declaraciones de los choferes de La Paz y Oruro, así como de los motoristas de Santa Cruz movilizados para protestar por el daño causado en sus vehículos por el hidrocarburo contaminado.

Su presencia mediática fue antecedida en 24 horas por representantes gubernamentales, quienes ante la evidencia del daño generalizado admitieron que se distribuyó carburante sin garantizar su calidad.

Motivado por el escándalo, el diputado derechista Alejandro Reyes, de la bancada Unidad afín a Doria Medina, acusó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos de no cumplir su papel como órgano regulador en el control de la mezcla de gasolina con etanol.

Aprovechó la coyuntura para exigir que el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinacelli, promueva una auditoría interna como resultado de la cual sean despedidos los funcionarios que estuvieron vinculados a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (2006-2019) y (2020-2025).

Así las cosas, tras una ausencia en público desde el 8 de enero último y de rumores sobre su salud y hasta de su salida clandestina al extranjero, reapareció esta semana en redes sociales el primer expresidente indígena de Bolivia, Evo Morales, para referirse a este asunto.

“El gobierno de Paz debe resarcir el terrible daño ocasionado a miles de bolivianos de todos los estamentos sociales cuyos vehículos quedaron destruidos por la gasolina mala que distribuyó mediante YPFB, tal como lo admitió el ministro (de la Presidencia, José Luis) Lupo”, sostuvo en su cuenta de X.

Remarcó el exmandatario que resulta justo que las “miles de víctimas” inicien un juicio civil exigiendo el resarcimiento por daños y perjuicios a los autores de ese “atentado”.

En concordancia con su adversario político e ideológico Doria Medina, Morales demandó al Ejecutivo que pague la reparación de todos los motorizados afectados, y añadió que el Estado debe activar también un recurso para que los funcionarios responsables paguen los daños con sus recursos personales.

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