El académico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) advirtió que, ante un siniestro de esta escala, resulta imposible establecer responsabilidades claras sin un análisis pericial riguroso que permita determinar con precisión qué falló en la estructura.

“La justicia y la seguridad pública dependen de evaluaciones objetivas que identifiquen las causas del colapso y las lecciones necesarias para evitar futuros desastres”, señaló.

Abbott explicó que estos casos requieren un esquema de tres investigaciones técnicas independientes: el informe elaborado por las autoridades competentes, un peritaje presentado por la parte demandante y un peritaje correspondiente a la defensa o parte demandada.

Según el experto, el colapso de una estructura de esta magnitud no puede analizarse de manera parcial. Es necesario elaborar un informe consolidado donde se identifiquen puntos en común y divergencias técnicas, subrayó.

Opinó que este procedimiento proporciona al juez elementos sólidos para emitir una sentencia más objetiva y justa.

El llamado del ingeniero se produce en momentos en que el Ministerio Público profundiza las investigaciones sobre el desplome del establecimiento, un proceso que incluye la revisión de planos, permisos, intervenciones estructurales previas y posibles negligencias en el mantenimiento del inmueble.

En este contexto, las pesquisas han alcanzado a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños del centro nocturno, quienes enfrentan un proceso judicial en el que se busca establecer si existieron fallas atribuibles a decisiones operativas, incumplimiento de normativas o ausencia de supervisión técnica adecuada.

Fuentes cercanas al caso han señalado que la investigación contempla tanto la dimensión penal como civil, dado que una tragedia de esta naturaleza implica responsabilidades múltiples: desde el diseño estructural original hasta las condiciones en que se operaba el local.

Esta semana los abogados de Antonio y Maribel Espaillat presentaron una oposición formal a la demolición del establecimiento, solicitando que cualquier intervención sea suspendida hasta la conclusión del proceso de peritaje que forma parte de la investigación oficial en curso.

La defensa argumenta que no debe procederse con su derribo mientras se realizan las evaluaciones técnicas necesarias en la edificación, escenario del colapso del techo ocurrido el 8 de abril del pasado año.

La instancia fue depositada ante la Procuraduría General de la República, pocos días después de que, el viernes 30 de enero, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas del centro nocturno.

El magistrado declaró inadmisible la solicitud presentada por los propietarios, decisión que motivó la nueva acción legal con la que buscan preservar el lugar hasta que concluyan las experticias oficiales.

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