En un comunicado, la organización señaló que el Ministerio del Ambiente y Energía aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y concedió la licencia para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas.

Según el Frente, la decisión “atenta contra la vida y el sustento de cientos de familias”.

El colectivo sostuvo que la autorización favorece a una empresa minera transnacional de origen canadiense y abre la puerta a actividades de megaminería en un territorio del que dependen comunidades campesinas dedicadas a la ganadería, la agricultura y el turismo comunitario.

De acuerdo con la organización, el proyecto representa una amenaza directa para fuentes de agua, bosques tropicales y ecosistemas frágiles con alta biodiversidad.

Señalaron que en esa zona del centro del país se han identificado especies incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como el tigrillo, el olingo, el oso perezoso y numerosas especies de aves, anfibios e insectos.

El Frente Antiminero también cuestionó el proceso de “consulta ambiental” realizado en 2024, al que calificó de ilegítimo, al asegurar que se desarrolló bajo un estado de excepción, con militarización del territorio y represión contra las comunidades que se oponen al proyecto.

En ese momento, hubo enfrentamientos con la fuerza pública que dejaron decenas de personas heridas.

“La empresa minera obtiene la licencia ambiental ignorando las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2024”, señaló la organización en su pronunciamiento.

La denuncia se produce en un contexto de debate legislativo sobre un proyecto de ley económico urgente de “Fortalecimiento Minero”, que, según el Frente, busca facilitar la expansión de la actividad minera en el país.

La organización anunció que emprenderá acciones para impugnar la decisión estatal y reiteró su compromiso con la defensa del agua, la vida y los territorios afectados.

Ejemplo del impacto minero está en la provincia de Napo, donde el propio Gobierno suspendió esta semana todas las actividades extractivas debido a la contaminación ambiental.

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