Sostuvo que el convenio es beneficioso, especialmente en el contexto de los ingresos extraordinarios generados por el alza de los precios internacionales del oro.
Durante una exposición en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez, Hebrard calificó como “leyendas urbanas” las afirmaciones de que la República Dominicana estaría dejando de percibir miles de millones de pesos por no revisar el contrato minero, a propósito del llamado “boom” del metal precioso.
Recordó que la reapertura de la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, a partir de 2013, ha sido objeto de dos enmiendas clave.
La primera modificación, explicó Hebrard, se realizó en 2009 durante la administración del presidente Leonel Fernández, en medio de la crisis financiera mundial con el objetivo de asegurar que la inversión se materializara.
La segunda enmienda, en 2013, bajo el gobierno de Danilo Medina, adelantó pagos fiscales y fortaleció la participación del Estado en los beneficios, añadió.
Según detalló, el contrato parte del principio de que el Estado aporta el yacimiento, mientras el socio privado asume la totalidad de la inversión —más de cuatro mil millones de dólares—, el riesgo operativo y la logística de exportación.
A cambio, la República Dominicana recibe, mediante diversas figuras fiscales, hasta un 50 por ciento de la renta minera generada, es decir, la diferencia entre los ingresos por venta y los costos de producción.
Hebrard rechazó categóricamente la idea de que el país solo se beneficie hasta un precio “tope” del oro fijado en el contrato original. “Eso es falso”, afirmó.
Aclaró que, como ocurre en todas las minas del mundo, el precio del oro se rige por el mercado internacional —con referencia en Londres—, por lo que cada incremento en la cotización se traduce en mayores exportaciones y recaudaciones para el fisco dominicano.
Como evidencia, citó que en el último año las exportaciones de oro superaron los dos mil millones de dólares, con un crecimiento cercano al 60 por ciento, mientras que las recaudaciones fiscales asociadas aumentaron en más de 150 por ciento.
Estos ingresos provienen de cuatro mecanismos principales: una regalía del 3.2 por ciento sobre el valor exportado, el impuesto sobre la renta, una participación adicional sobre las utilidades netas y un impuesto mínimo anualizado introducido en la renegociación de 2013.
Este último instrumento, explicó, funciona como una “póliza de seguro” para el Estado, ya que garantiza que, aun en escenarios de costos elevados o ineficiencias operativas, el fisco reciba al menos el 90 por ciento de lo proyectado en función de los precios del metal.
Para Hebrard, más que reabrir el debate sobre el contrato, la discusión central debe enfocarse en el uso de los recursos extraordinarios que hoy recibe el país.
“El oro no se reproduce”, advirtió, al comparar la minería con actividades agrícolas. En ese sentido, respaldó la idea de establecer mecanismos legales que aseguren que estos ingresos se destinen a programas estratégicos y de largo plazo, conscientes de que se trata de un recurso finito.
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