Mediante un comunicado, la entidad señaló que se abren puertas en el Ejecutivo, se reciben delegaciones y se sostienen mesas de trabajo, pero los compromisos no se cumplen, los pactos no se implementan y los conflictos agrarios continúan sin resolverse.

La tierra –acotó- es sinónimo de vida, alimentación, vivienda y seguridad para los pueblos. No obstante, el Estado no ha generado alternativas reales para garantizar estos derechos, subrayó una de las organizaciones históricas de defensores de los campesinos.

A dos años del acuerdo persiste la violencia sistemática, expresada en desalojos forzados, despojos y criminalización de comunidades que defienden su territorio, describió.

Ello, amplió, sin que la institucionalidad sea capaz de dar una atención especializada. El sistema de justicia se instrumentaliza en contra de las víctimas de despojo histórico, remarcó el CUC.

El Gobierno –enfatizó- no ha priorizado la atención de las demandas estructurales del campesinado. El desarrollo rural no se implementa con una visión integral, sino favoreciendo prácticas asistencialistas, consideró.

Los Acuerdos de Paz (de 1996) siguen siendo una hoja de ruta vigente para enfrentar la desigualdad, la concentración de la tierra, la discriminación, el racismo y la exclusión histórica, afirmó.

Expuso que desde las organizaciones campesinas se impulsa la agenda agraria a pesar del mínimo cumplimiento del acuerdo firmado por el presidente del país, Bernardo Arévalo.

Desde los territorios donde se reproduce la vida y se defiende la madre tierra y los bienes naturales, comentó que la paz social no se construye solo escuchando, sino garantizando derechos, cumpliendo los pactos y transformando las estructuras que sostienen la injusticia.

Reclamaron a diferentes instituciones atender de manera urgente la salud, vivienda, educación, alimentación, seguridad y demás medidas contempladas en los protocolos sobre desplazamiento forzados de Naciones Unidas, de las comunidades desalojadas judicial y extrajudicialmente.

Incluyeron a la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas, la Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y a la de Atención a la Conflictividad.

A la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Salud, de Gobernación, a las municipalidades y a las gobernaciones departamentales.

La organización, surgida en 1979 y formada por comunidades, organizaciones de base y personas indígenas y ladinos o mestizos pobres, reiteró que el Acuerdo está vigente.

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