Las diferencias escalaron durante las sesiones finales entre representantes de diversos países, entre ellos Argentina y Reino Unido, además de China y Panamá, mientras decenas de documentos quedaron pendientes de una valoración sobre su posible impacto real en las naciones involucradas.
Estados Unidos dejó clara su lista de prioridades para la región, centradas en la seguridad hemisférica y el combate a la delincuencia transnacional. Sin embargo, uno de los temas que reavivó viejas disputas fue el diferendo entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
El representante argentino Juan Manuel Navarro afirmó que el derecho a la libre determinación no aplica en el caso de ese archipiélago, al considerar que la población residente fue “trasplantada por un poder colonial”. Asimismo, recordó que ninguna declaración de Naciones Unidas respalda la posición británica sobre el territorio en disputa.
Detrás de la controversia también afloran intereses económicos vinculados al yacimiento petrolero Sea Lion, localizado en las cercanías de las islas, donde se han detectado importantes reservas de hidrocarburos. De acuerdo con reportes divulgados durante la cita, empresas británicas e israelíes proyectan extraer hasta 55 mil barriles diarios a partir de 2028.
Por otra parte, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en representación del gobierno de Gustavo Petro, denunció lo que calificó como intentos de los poderes coloniales por “devolvernos a las tinieblas”.
Las declaraciones hicieron eco de recientes denuncias del mandatario colombiano sobre una presunta intervención extranjera en el proceso electoral de ese país, donde resultó ganador el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.
“Para nadie es un secreto cómo estas fuerzas han comenzado con ataques indiscriminados dirigidos al multilateralismo, pero también a la libre acción política de los pueblos”, afirmó la diplomática.
Añadió que “han reaparecido estas tinieblas” y cuestionó la injerencia de poderes extranjeros en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas. Otro foco de tensión surgió entre Panamá y China a propósito de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Lo que comenzó como una controversia relacionada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, derivó en un nuevo episodio de fricción diplomática entre ambos países.
En pocos días se sucedieron varios acontecimientos que marcaron la escalada del diferendo: la revelación de que la Embajada china solicitó intervenir en el proceso constitucional relacionado con PPC, la respuesta de Beijing durante la Asamblea General de la OEA y, posteriormente, un pronunciamiento de la Corte Suprema para reivindicar su independencia frente a las críticas formuladas por el gigante asiático.
Durante la reunión hemisférica, el embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, calificó de “infundadas” las declaraciones realizadas por autoridades panameñas y defendió tanto la actuación de las empresas chinas en el exterior como las inspecciones efectuadas a embarcaciones de bandera panameña.
Según el diplomático, las compañías de su país respetan las legislaciones locales y contribuyen al desarrollo económico de las naciones donde realizan inversiones. También rechazó las acusaciones sobre una supuesta influencia política de Beijing en la operación de los puertos panameños.
Por otra parte, las críticas emitidas durante la Asamblea General hacia las situaciones políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua encontraron una rápida respuesta desde La Habana.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, cuestionó a la OEA por omitir referencias a la política de Estados Unidos contra la isla y denunció una escalada de medidas coercitivas que afectan gravemente a la nación caribeña.
En un mensaje divulgado en la red social X, el canciller calificó de “escandaloso” que el organismo hemisférico exprese preocupación por la situación interna de Cuba sin mencionar las acciones económicas, políticas y energéticas que, según afirmó, Washington aplica contra el país.
Rodríguez sostuvo que dichas medidas buscan “estrangular” la economía nacional y deteriorar las condiciones de vida de la población, por lo que instó a la OEA a pronunciarse contra lo que describió como una política “despiadada e injustificada”.
Añadió que el organismo regional debería actuar para poner fin a lo que consideró un “castigo colectivo” contra el pueblo cubano, el cual —aseguró— vulnera el derecho internacional y los derechos humanos.
“El secretario general de la OEA no debería ser cómplice de tamaño atropello”, concluyó.
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