Las transacciones sospechosas sumaron 15 mil 967,2 millones de quetzales (poco más de dos mil millones de dólares), subrayó el estatal Diario de CentroAmérica sobre datos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Esta entidad, adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó que denunció esas operaciones ante el Ministerio Público al ser catalogadas como indicios de la comisión de un delito, lo que se traduce en 318 expedientes presentados contra dos mil 595 involucrados.
La cantidad de acusaciones aumentó un 6,7 por ciento respecto a las 298 de 2024 y la cifra de personas vinculadas ascendió 62,6 por ciento, amplió en un boletín emitido.
Sobre la estructura de las tipologías (patrón del comportamiento del delincuente), el IVE relacionó cuatro modalidades: uso de sociedades anónimas, red de sociedades para enviar fondos hacia Asia, patrones relacionados con estafas y cuentas para captar fondos de extorsiones.
La subida del monto denunciado esta vez se debe a que, con el crecimiento de la economía, las operaciones opacas como la corrupción, narcotráfico y coyotaje también van acrecentándose, opinó antes el investigador Edgar Balsells.
El director de Acción Ciudadana y experto en temas de transparencia, Manfredo Marroquín, subrayó que la corrupción “con instituciones al servicio de grupos criminales es uno de los principales rubros de lavado de dinero”.
El Congreso de Guatemala se encuentra actualmente en el proceso de análisis y aprobación de la iniciativa 6593 relacionada con esta temática y calificada de clave.
La Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentada originalmente por Gobierno en julio de 2025, busca modernizar un marco legal que no se actualizaba profundamente desde hace más de 20 años.
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