La movilización contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) llegó este jueves hasta las afueras de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde se tramita la propuesta del mandatario con carácter económico urgente.
El proyecto plantea que los municipios destinen el 70 por ciento de su presupuesto a obras públicas y mantenimiento, y el 30 por ciento a gasto corriente, como el pago de personal.
Con pancartas y consignas como “Sin recursos no hay derechos” y “Archivo a la reforma”, los asistentes advirtieron sobre el impacto que tendría la medida en la prestación de servicios sociales.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo nacional “afectará a los más pobres y no a todos por igual” y señaló que, “bajo el discurso de eficiencia, se reducirían recursos para obras y servicios básicos dirigidos a sectores vulnerables”.
“Rechazamos esta ley que busca licuar cerca de mil millones de dólares de la deuda que el Gobierno central mantiene con los gobiernos locales y lo más grave es que afecta la obra pública y los servicios sociales que prestamos a la ciudadanía: salud, educación, asistencia social y combate a la violencia de género”, señaló Pabón.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, comentó que no puede existir un concepto de inversión para el Gobierno central y otro para las administraciones locales, que son autónomas y eso determina cómo utilizan sus recursos.
“Si lo que aquí se aprobaría se proyecta implementar en enero de 2027, no es para nada un proyecto urgente. Solicitamos que se archive este proyecto de ley”, insistió Muñoz.
La vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines, advirtió que unidades educativas municipales, centros infantiles y geriátricos podrían verse afectados por falta de recursos para contratar personal.
Entre los asistentes hubo beneficiarios de programas sociales que manifestaron su preocupación. “Gracias al municipio tenemos cobertura en salud, estudios, Casa Somos y programas para juventudes. Si eso se pierde, lo perdemos todo”, expresó una participante.
La Asamblea Nacional ya discute el mencionado proyecto de ley que el Gobierno promueve con el argumento de la necesidad mayor eficiencia.
mem/avr
