Al menos 16 grandes edificios se transformarán en centros regionales de procesamiento, en los que se podrán mantener bajo custodia a más de mil migrantes a la vez, y otras ocho grandes instalaciones tendrán la capacidad para entre siete mil y 10 mil reclusos durante un período promedio de dos meses.
De acuerdo con informes de prensa, desde octubre de 2025, más de cuatro mil 400 fallos judiciales corroboraron que la administración Trump está deteniendo inmigrantes de manera ilegal; sin embargo, el Gobierno federal siguió encarcelando a personas de forma indefinida.
La línea dura de Trump en materia de controles migratorios, podría pasarle factura al Partido Republicano en las próximas elecciones de medio término a celebrarse en noviembre de este año, advierten algunos analistas.
Los republicanos controlan actualmente las dos cámaras del Congreso (de Representantes y Senado) y la correlación de fuerzas podría cambiar en pocos meses.
Cuatro encuestas diferentes arrojaron hace poco que el presidente Trump fue evaluado con bajas puntuaciones en la cuestión de sus políticas sobre inmigración.
Durante su campaña electoral en 2024, el entonces candidato republicano prometió que, de regresar a la Casa Blanca, haría las mayores deportaciones en la historia de Estados Unidos y subrayó que sacaría del territorio nacional a lo peor de lo peor.
Pero la realidad arroja otras verdades: las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han implantado el miedo y la represión en las comunidades estadounidenses. Los números señalan igualmente que la mayoría de las personas arrestadas por el ICE no tienen récord criminal.
Entretanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició el sábado pasado un cierre parcial por falta de acuerdo en el Congreso tras la caída de una propuesta en el Senado para financiar sus operaciones hasta septiembre.
El punto central de la disputa es la exigencia demócrata de imponer mayores controles al ICE, luego del asesinato a manos de agentes federales de inmigración de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti durante manifestaciones en Minneapolis, Minnesota.
Los demócratas se oponen a aprobar nuevos fondos para el DHS mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones de esta agencia migratoria, que está en el mismo ojo del huracán por sus controvertidas prácticas.
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