Mediante un comunicado, la institución pública subrayó que en cumplimiento de su mandato constitucional y en defensa de los intereses del Estado interpondrá los medios que correspondan contra la resolución emitida por el juez Fredy Orellana.

Después de 33 años, el cuestionado abogado anuló las órdenes de captura giradas en contra del exmandatario, quien se exilió en Panamá.

La PGN afirmó que ejercerá todas las acciones y recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico, conforme a sus atribuciones con el propósito de garantizar el respeto al Estado de Derecho y evitar la impunidad frente a actos que atentaron contra el orden constitucional.

Este jueves trascendió aquí una publicación de Serrano, de 80 años de edad, quien aseveró que “por fin se ha hecho justicia” y calificó la sentencia de histórica, al concedérsele la moción procesal defectuosa que promovieron sus abogados.

Expuso que la sentencia reconoce que el caso iniciado en junio de 1993 contiene “graves vicios” desde su origen, como falta de pruebas, falsa prueba, violaciones al debido proceso, violaciones a los más fundamentales derechos legales, entre otros.

“Estas irregularidades, junto con un cúmulo de falsedades y manipulaciones, contaminaron todo el procedimiento”, remarcó en el mensaje compartido en inglés esta mañana en su perfil en la red social X.

Mencionó también que lo ocurrido en el período tuvo un profundo impacto emocional en todos sus seres queridos, separación familiar, desarraigo y, en general, limitaciones en su vida cotidiana, lo cual prolongó innecesariamente una incertidumbre que marcó sus vidas.

El entonces jefe de Estado chapín, el 25 de mayo de 1993, anunció una serie de medidas extraordinarias que incluían la disolución del Congreso, la intervención del Organismo Judicial y la suspensión de varios artículos de la Constitución.

Distintos sectores del país e internacionales rechazaron la acción, que consideraron un autogolpe de Estado, episodio que se llamó luego el Serranazo.

El proceso abierto todo este tiempo en el sistema de justicia guatemalteco le señala de varios delitos, entre estos, violación a constitución, rebelión, desacato a los presidentes de organismos del Estado y abuso de autoridad.

Además abandono de cargo, usurpación de funciones, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, malversación, usurpación de atribuciones, fraude, usurpación, apropiación y retención indebida.

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