Las pesquisas en el despacho presidencial se iniciaron ayer, a cargo del fiscal supremo Ronal Flores y sus adjuntos Ana Manrique y José Bustamante, quienes visitaron dos veces la sede antes de que Jerí fuera destituido por el Parlamento.

Las diligencias forman parte de la investigación preliminar al presidente cesado, por el posible delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, según fuentes del Ministerio Público, y el fiscal Flores invocó el carácter reservado de la pesquisa para negarse a dar detalles.

La actividad estuvo referida al caso de prolongadas visitas de mujeres jóvenes que, tras largas y sendas reuniones con el mandatario, fueron contratadas como funcionarias del Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros u otras instancias del Estado.

Los representantes de la Fiscalía recogieron información sobre los contratos y las designaciones en el Despacho Presidencial durante la gestión de Jerí, iniciada el 10 de octubre de 2025, la nómina de las personas contratadas y los requisitos que cumplieron para obtener los empleos, según trascendió.

El registro se hizo efectivo después que Jerí perdió el privilegio de ser investigado preliminarmente en forma limitada.

En virtud de ello, dijo el conocido abogado César Nakazaki, el cesado gobernante ha perdido la excepcional protección otorgada a los jefes de Estado y puede ser objeto de medidas judiciales como impedimento de salida del país, detención preliminar y allanamientos de oficinas o domicilios.

Con anterioridad y ante revelaciones de la prensa, el Ministerio Público abrió una investigación por tráfico de influencias o colusión por los contactos clandestinos de Jerí con empresarios dedicados a buscar contratos con el Estado.

Ambos casos motivaron la destitución de Jerí por una abultada mayoría de votos que dejó atrás los reparos jurídicos gubernamentales y políticos ante el procedimiento aplicado.

De otro lado, el abogado Nakazaki declaró que es posible además la reactivación de casos como la denuncia de una joven a Jerí por presunta violación sexual, ocurrida antes de que el denunciado asumiera la presidencia.

La acusación fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien en una decisión controvertida desestimó profundizar en la investigación del caso.

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