A través de una declaración pública, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a tres funcionarios del gobierno chileno «de dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo» y llevar a cabo actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”, de acuerdo con el reporte del diario La Tercera.

Como consecuencia, esos individuos, junto a sus familiares directos, “no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.

Ante las acusaciones, el jefe de Estado aseguró que «nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país. Chile es y será autónomo en las decisiones que tome».

En este momento, el gobierno de Chile busca despejar si los funcionarios aludidos eran el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y un funcionario técnico, debido a que la declaración emitida este viernes no identifica a los supuestos acusados.

Por su parte, La cancillería emitió, en respuesta, una declaración pública en la que “condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional“.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que “explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos”.

“No es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”, afirmó.

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