Este instrumento legal transitó por 20 días desde que fue anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el inicio del Año Judicial 2026 y avanzó con no pocos desencuentros entre los diputados del oficialismo y la oposición en el parlamento y en la Comisión Especial creada para impulsar el proyecto.

Intensos debates con diferentes sectores de la vida política y social transcurrieron durante las audiencias públicas hasta que fue aprobada en primera discusión por unanimidad, pero en la segunda discusión, luego de aprobar seis de sus artículos, las divergencias en torno al punto siete, obligó a posponer su segunda discusión.

El pasado jueves, no sin controversias, los parlamentarios votaron de manera unánime en su segunda discusión, luego que la mencionada comisión presentará el texto del artículo siete –de los 16 contenidos- que resultó aprobado por unanimidad con modificaciones.

Su contenido satisfizo los intereses de ambas bancadas al plantear que la “amnistía objeto de la Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas cometidos y acaecidos en marco de los hechos de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de la ley”.

Planteó, asimismo, que de manera excepcional cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional “podrá hacerse representar ante el tribunal competente, mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza y elección” sin otra formalidad.

La Ley abarca desde diciembre de 1999 hasta enero de 2026, contiene 13 momentos de la historia nacional de ese periodo y concede amnistía general a los delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el contexto de golpe de estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.

También el paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003; las actuaciones del parlamento instalado en el período 2016-2021 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas, así como las manifestaciones y hechos violentos en 2007, 2009, 2013, 2014, entre otros más recientes.

El documento prevé dejar fuera de los beneficios de la amnistía a aquellos que promovieron la intervención extrajera, pidieron bloqueos y sanciones, además de lo contemplado en el artículo 29 de la Constitución referidos a delitos graves contra los derechos humanos, de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Además del narcotráfico, la corrupción, el homicidio intencional, a los que participaron en acciones contra el pueblo y la soberanía nacional y la rebelión militar.

Al promulgar la Ley de Amnistía en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, ante los diputados de ambas bancadas y acompañada por el titular del parlamento Jorge Rodríguez y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, Rodríguez declaró que se están “abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”.

La gobernante calificó de “acto de grandeza y desprendimiento” a quienes en los últimos 25 años han tenido actuación política en este país y expresó sentirse “muy complacida” porque se abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, aprenda a convivir democrática y pacíficamente, y despoje del odio, la intolerancia y primen los derechos humanos, el amor, el entendimiento.

Asimismo, anunció la designación por el parlamento de una Comisión Especial para el seguimiento de la Ley y pidió “máxima aceleración”, además de solicitar a la Comisión de la Revolución Judicial, al parlamento y al Programa de Convivencia y Paz, activarse para la revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía.

Esa Comisión, integrada por 23 personas, se declaró la víspera en sesión permanente y sostuvo un encuentro con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, presididos por el fiscal general Tarek William Saab y la magistrada Caryslia Rodríguez.

En la sesión del jueves, el presidente del Poder Legislativo denunció la “campaña sistemática” de instigación al odio para intentar dividir a los venezolanos y exhortó a no caer en provocaciones y convertirse activamente en defensores de la paz.

“Venimos de una experiencia catastrófica del pasado 3 de enero, nadie quiere eso para nuestro país y quien sí es un sicópata”, afirmó.

También en la semana sobresalió la visita del general Donovan, quien al llegar a Caracas se reunió con la presidenta encargada; el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el titular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. En la reunión, “ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, .

Fuentes oficiales ratificaron que “debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”.

El vicepresidente del parlamento Pedro Infante calificó en Telegram de “victoria estratégica” el encuentro al declarar que “quienes pusieron precio a la cabeza de los principales líderes del pueblo, hoy se sientan con ellos en una mesa de respeto e intereses comunes”.

Las conversaciones se centraron en el “entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump -particularmente la estabilización de Venezuela, y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental, escribió en X la embajada estadounidense en Caracas.

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