Una ocupación de integrantes de pueblos originarios en la terminal agrícola de la transnacional Cargill en el municipio de Santarém cumplió un mes el fin de semana, en protesta contra un decreto de 2025, que incorpora los afluentes Madeira, Tocantins y Tapajós al Programa Nacional de Desestatización.

La norma otorga a empresas privadas la facultad de dragar y controlar el tráfico fluvial en esas vías estratégicas para la exportación de granos.

Según el medio Brasil de Fato, las personas inconformes, en su mayoría indígenas del Medio, Alto y Bajo Tapajós, mantienen bloqueado el acceso terrestre a la terminal y realizaron acciones en ese río.

Para los manifestantes, la desestatización debilita la protección de territorios propios y de comunidades ribereñas y de quilombolas (descendientes de africanos esclavizados), y amenaza la biodiversidad amazónica.

No queremos trampas, queremos que se revoque el decreto ya, afirmó Alessandra Munduruku, líder de la aldea de Praia do Índio, citada por dicha publicación.

Munduruku alertó que las obras previstas en la zona, incluido el ferrocarril EF-170 o Ferrogrão, profundizarán la deforestación y el impacto negativo sobre las cuencas interconectadas.

Auricélia Arapiun, del pueblo Arapiun, declaró en un video que la protesta es “por nuestras vidas, por nuestros territorios, por el futuro de la Amazonía y del planeta”, y acusó a Cargill de destruir modos tradicionales de vida.

Por su parte, la Secretaría General de la Presidencia de la nación informó en un comunicado que reitera el compromiso asumido durante la COP30 de que todos los proyectos vinculados a la hidrovía del Tapajós serán precedidos por una consulta libre, previa e informada.

Las condiciones técnicas para la constitución del Grupo de Trabajo Interministerial, con la participación de organismos federales y representantes designados por los pueblos indígenas, con el fin de organizar y conducir los procesos de consulta, ya están garantizadas, expuso ese texto.

En noviembre de 2025, en la ceremonia de clausura de la Cumbre de los Pueblos en Belém, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, anunció la creación de una mesa de diálogo para recibir a los pueblos indígenas de la cuenca del río Tapajós, recordó Brasil de Fato.

Sin embargo, las comunidades originarias consideran insuficientes esas medidas mientras que el mencionado decreto permanezca vigente, y argumentan que la consulta debe anteceder cualquier decisión estructural y no limitarse a etapas posteriores.

Representado por Cargill y la Asociación de Terminales Portuarias y Estaciones de Transbordo de Carga de la Cuenca Amazónica (Amport), el sector logístico señala importantes pérdidas económicas como resultado de las protestas.

Informaciones del Ministerio Público Federal agregan que las empresas achacan al bloqueo existente la paralización del flujo de la cosecha de granos y un riesgo de escasez regional de combustible y suministros esenciales.

Una demanda interpuesta por Amport contra el Gobierno Federal concedió la solicitud de cesar la situación mediante el uso de la fuerza policial, y la referida entidad de la administración apeló la decisión que ordena el desalojo de la zona en un plazo de 48 horas.

A su juicio, mantener tal determinación viola las directrices establecidas por el Supremo Tribunal Federal y el Consejo Nacional de Justicia.

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