En ese año presentamos la iniciativa 5820, hicimos el esfuerzo de pasar por los procesos administrativos para que hubiese una norma y ahora vemos un avance, explicó el Intendente de Verificación Especial, Juan Carlos Monroy.

De no aprobarse, afectaría la calificación de riesgos, “si nosotros quisiéramos invitar a un banquero internacional que gestiona un crédito para una empresa guatemalteca a que conozca el país, no se puede”, aseveró.

El titular de la SuperIntendencia de Bancos, Saulo De León, detalló, por su parte, que las transacciones sospechosas en 2025 sumaron casi 16 mil millones de quetzales (poco más de dos mil millones de dólares).

Un incremento –afirmó- que responde a las nuevas capacidades desarrolladas en Intendencia de Verificación Especial.

Recordó que el lavado de dinero es un fenómeno criminal que nace de la necesidad de otros fenómenos delictivos, del secuestrador, ladrón, de quien defrauda, estafa, el extorsionador, el corrupto, o el narcotraficante.

Persiguen que ese dinero se transforme en bienes, vehículos, apartamentos, chalés en la playa, inmuebles en el extranjero, amplió el funcionario, entrevistado también por el estatal Diario de CentroAmérica.

Para pasar el monto obtenido del delito al bien que se quiere gozar, hay en medio operaciones. Si nos ponemos a pensar que cada delincuente tendría que tener su estructura de lavado, le resultaría costoso, acotó.

Entonces las organizaciones multicriminales surgen como un mecanismo para lavar dinero a la carta, es decir, blanqueo a quien traiga dinero sucio, independientemente de su origen, describió De León.

Este era un fenómeno que no veíamos en el país, precisó, mientras calificó de “importante resaltar este gran logro que tenemos de ya tener visibilidad”.

En lenguaje internacional a esto le llaman profesionales de lavado de activos, personas que se especializan en montar estructuras jurídicas, enfatizó.

Expuso que en 2025 presentaron 318 denuncias ante el Ministerio Público por el monto mencionado antes, que involucraron a dos mil 595 personas, tanto individuales como jurídicas.

Guatemala enfrentará una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica el año próximo y en caso de no tener implementada la nueva Ley (en sustitución de una con más de 20 años de antigüedad), podría ser señalada por deficiencias estratégicas.

Tal panorama, según analistas de tema, encarecería los créditos internacionales y complicaría las transferencias bancarias.

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