“Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo. Lamentable la situación, yo no lo esperaba”, aseguró este lunes en Santa Cruz, al lamentar que, según ese DS no puede contratar a nadie ni rubricar ningún memorándum».

La normativa coloca a la Vicepresidencia bajo dependencia administrativa del Ministerio de la Presidencia, disponiendo que direcciones subordinadas hasta ahora a Lara pasen a tuición de varias carteras ministeriales.

Rechazó el vicemandatario ser dependiente de un candidato que perdió las elecciones, en referencia a que Lupo compitió en los comicios generales como aspirante a vicepresidente junto al candidato a jefe de Estado por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina.

Insistió en que activará las acciones legales correspondientes al respecto y exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a las autoridades convocadas a que fallen con apego a la justicia.

Enfatizó en que está defendiendo la institucionalidad, porque no se puede tener a un presidente que gobierne por decreto, de manera digital y que vulnere derechos.

Advirtió, como es usual mediante su cuenta de Tik tok, que de no hacerse nada ahora, las próximas víctimas pueden ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, el TCP, el Tribunal Supremo de Justicia y el Electoral.

El DS reduce su campo de acción y transfiere su presupuesto a otros ministerios del gabinete.

Indica la norma que “únicamente” las funciones legislativas desarrolladas por la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo de la Vicepresidencia “serán desarrolladas” por esa entidad “de forma independiente”.

Denunció Lara que el DS fue emitido en respuesta a la reciente denuncia que presentó en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, por la supuesta importación de hidrocarburos con sobreprecio.

Ratificó, sin embargo, que pese al DS 5552 continuará firme en la lucha y que no lo intimidarán.

“No hay mal que dure 100 años”, concluyó Lara en su mensaje difundido en las redes sociales.

Al referirse al DS 5552, el diputado nacional del Partido Demócrata Cristiano Daniel Fernández consideró que está en riesgo la institucionalidad del país y la democracia en Bolivia.

“El poder está encegueciendo al presidente Rodrigo Paz y a sus asesores”, lamentó.

Por su parte, la diputada de la alianza Libre Lisa Claros opinó que este decreto es un atropello a la institucionalidad.

“Lupo quiere convertirse en un vicepresidente a la sombre mediante decretos supremos”, denunció.

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