El debate surgió tras la emisión del Acuerdo Ministerial MDT-2026-046 del Ministerio de Trabajo, que habilita la redistribución de las 40 horas semanales en esquemas de cuatro a seis días, con jornadas que podrían extenderse hasta 12 horas mediante acuerdo entre empleador y trabajador.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, dijo que esa medida aún no está vigente, sin embargo, defendió la iniciativa, que llamó de “jornada eficiente para el desarrollo”, y aseguró que no se superarán las 40 horas semanales.

“Puedo trabajar hasta 10 horas diarias y tener tres días de descanso”, dijo en entrevista con Teleamazonas, al precisar que las jornadas de hasta 12 horas estarían dirigidas principalmente al sector del transporte.

Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo sindical, no por el tiempo, sino por la forma en que sería compensado.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, afirmó que no existe evidencia empírica ni estudio técnico que demuestre que incrementar el número de horas laborables diarias generare empleo.

Bedoya alertó que la compensación de horas podría eliminar el pago de horas extras, que representa hasta un 30 por ciento adicional en los ingresos de los trabajadores, con impacto directo en el seguro social.

En la misma línea, el vicepresidente del FUT, José Villavicencio, aseguró que la reforma responde a intereses privados y podría derivar en despidos masivos en gobiernos locales.

El Código del Trabajo vigente en Ecuador establece una jornada ordinaria de ocho horas, 40 horas semanales y dos días consecutivos de descanso.

Con la iniciativa el empleador y trabajador podrían “acordar” una distribución distinta, con jornadas de hasta 10 o 12 horas al día, división del horario en bloques (mañana, tarde y noche) y un sistema de compensación similar a un banco de horas, en lugar de pagar horas suplementarias o extraordinarias.

Marcela Arellano, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, alertó que el banco de horas implica que el trabajador estará a disposición del empleador, “por lo tanto, no podrá hacer vida familiar, no podrá tener recreación y no podrá acceder a formación profesional”.

La Asociación de Abogados Laboralistas del Ecuador rechazó el acuerdo al considerar que habilita mecanismos de compensación que podrían sustituir el pago efectivo de horas extraordinarias.

“El 61 por ciento de ecuatorianos dijimos NO a la Constituyente y a una nueva Constitución. Antes dijimos NO al contrato por horas, pero ahora Daniel Noboa busca pasarse por el forro el pronunciamiento popular y precarizar a los trabajadores”, afirmó el abogado y analista político Mauro Andino.

Otro punto que generó controversia fue la vigencia del acuerdo, pues el texto señala que rige desde su suscripción, sin embargo, tras la reacción ciudadana, el Ministerio indicó que aún no estaba vigente, lo cual generó dudas sobre seguridad jurídica y transparencia normativa.

Mientras el gobierno insiste en que se trata de una herramienta para dinamizar la economía, las organizaciones sindicales anunciaron una movilización nacional para el 13 de marzo, mientras una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ya fue presentada ante la Corte Constitucional.

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