La diligencia, relacionada con un presunto mal manejo de cuentas de campaña en las elecciones presidenciales de 2023, se extendió este martes por más de ocho horas y fue suspendida mientras se revisan las pruebas y alegatos presentados este martes.

La denuncia fue presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien sostiene que la organización política no habría subsanado 12 observaciones emitidas por el área de fiscalización del financiamiento electoral, tras revisar la documentación entregada en noviembre de 2023.

Según la parte acusadora, la información proporcionada por la responsable económica habría sido incompleta y no permitiría verificar el origen de varios aportes privados, entre ellos contribuciones de 800, 600, 900 y dos mil dólares.

También cuestionó la justificación de gastos en artículos promocionales, vallas y material publicitario.

La defensa de González y de los demás dirigentes rechazó las acusaciones y aseguró que todos los requerimientos fueron respondidos dentro de los plazos establecidos y que las observaciones fueron debidamente subsanadas.

Los abogados del movimiento sostuvieron además que las notificaciones fueron irregulares, pues se habrían dirigido a una representante legal que ya no ejercía funciones.

Tras escuchar a las partes, la jueza del TCE Ivonne Coloma deberá emitir un fallo de primera instancia en los próximos días.

Dirigentes de RC han reiterado que el proceso forma parte de una serie de acciones judiciales que, a su juicio, buscan afectar políticamente al movimiento y a sus principales figuras, entre ellas González, que ha sido convocada a tres audiencias en marzo por este mismo caso.

La actual presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, comentó en reciente diálogo con Prensa Latina que existe un interés desde el oficialismo y sus aliados por proscribir al movimiento político, considerada la principal fuerza política de oposición en el país.

Sobre una eventual proscripción del partido o de sanciones a sus miembros, advirtió que es una posibilidad real, debido a que el país está “sin un sistema de justicia adecuado, con una desinstitucionalización acelerada y con una ausencia total del estado de derecho”.

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