El proyecto estaba impulsado por el gobierno a fin de actualizar herramientas legales para mejorar la detección de dinero de origen ilícito, con la mira puesta en el narcotráfico.

La iniciativa llegó a la Cámara alta luego de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados con mayoría de votos, tras una extensa discusión que implicó cambios en más de 30 artículos de la Ley 19.574, clave en la prevención y combate del lavado de dinero.

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del límite permitido para pagos en efectivo e implica una reducción significativa del monto máximo que puede manejarse en determinadas transacciones.

Durante el debate en el Senado, el legislador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de un instrumento clave para enfrentar delitos complejos vinculados al origen del dinero.

Según afirmó, existe una baja percepción pública sobre la importancia de este tipo de normas, a pesar de su impacto en la lucha contra actividades criminales.

Brenta remarcó que uno de los objetivos centrales es poder identificar el origen del dinero que circula en la economía.

“Combatir el lavado de activos es combatir el delito. Es saber de dónde viene el dinero y cuál es su origen”, afirmó durante su intervención en sala.

El legislador también señaló que la normativa puede significar un avance institucional si logra fortalecer el trabajo de los organismos encargados de investigar estos delitos.

Remarcó la necesidad de reforzar la actuación de la fiscalía especializada en lavado de activos, que hasta ahora ha tramitado relativamente pocos casos.

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