El documento, presentado por la presidenta de la FDIM, Lorena Peña, fue dirigido a varias instancias, entre ellas la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, el Relator Especial sobre el derecho a la salud, la Experta Independiente sobre los derechos de las personas mayores y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

El comunicado sostiene que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla durante los últimos años ha generado un escenario de asfixia económica y energética que compromete seriamente las condiciones de vida de la población.

Asimismo provoca un deterioro significativo en la infraestructura civil del país, afectando servicios esenciales como el sistema eléctrico, el suministro de agua potable, la producción de alimentos y el funcionamiento de hospitales.

La denuncia subraya que «la persecución a buques y empresas vinculadas al suministro de combustible ha agravado la crisis energética de la isla, lo que ha repercutido directamente en el sistema sanitario, limitando el funcionamiento de quirófanos, unidades de cuidados intensivos y servicios de diagnóstico», informó la página oficial del Minrex en la isla.

La FDIM advierte que las consecuencias del bloqueo afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, particularmente mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.

Entre los efectos señalados se encuentran dificultades en el acceso a medicamentos, insumos médicos y suplementos nutricionales para recién nacidos y pacientes con enfermedades metabólicas. Asimismo, se reporta una lista de espera quirúrgica que supera los 86 mil pacientes, incluidos más de nueve mil niños.

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