Mediante un decreto ley con fecha del 14 de marzo de 2026, el mandatario indicó la creación de la instancia, que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la delincuencia económica, incluyendo la corrupción, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, refirió Radio Okapi.

El tribunal tendrá autonomía operativa y presupuesto propio, asignado dentro del presupuesto nacional, y su sede estará ubicada en la capital del país, aunque pudiera establecer oficinas en otras partes del país.

Entre las disposiciones para su creación se encuentran la composición de dos salas: una de primera instancia y una de apelaciones; la participación de 40 jueces y la incorporación de una fiscalía económica y financiera para investigar y enjuiciar los delitos dentro de su jurisdicción.

Según el decreto, el Tribunal Penal Económico y Financiero deberá estar plenamente operativo en un plazo de tres meses.

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