Entre los alcances de la nueva Constitución, las organizaciones plantean la paridad y alternancia de género en todos los cargos de elección popular y al menos 30 por ciento de mujeres en el Consejo de Ministros y en la dirección de los órganos de justicia.

La propuesta está contenida en un documento de consenso, presentado a la prensa internacional por la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos (CNDDHH), producto de una amplia consulta y suscrito por casi 200 de esas organizaciones de los niveles nacional, regional y local, dedicadas al tema en todo el país.

La titular de la CNDDHH, Tania Pariona, llamó la atención sobre la gravedad de la ola conservadora y el copamiento de los poderes del Estado por fuerzas políticas de derecha extrema que han eliminado o vaciado de contenido una serie de conquistas en diversos ámbitos.

Entre otros aspectos, condenó la manipulación mediática y política que contraponen los reclamos de respeto a los derechos humanos como supuestos obstáculos a la llamada mano dura contra la delincuencia y lanzan acusaciones macartistas para desacreditar a posiciones democráticas y progresistas.

Junto a ella, dirigentes de organizaciones integrantes de la Coordinadora y dedicadas a ámbitos específicos expusieron los alcances y la gravedad de ese proceso que en lo político tiene como principal ejecutora a lo que las ONGs llaman “pacto mafioso” parlamentario que ha roto a su favor el equilibrio de poderes establecido por la Constitución y que degrada la democracia.

El documento de consenso señala que el uso del poder político sirve para obtener beneficios económicos mediante prácticas corruptas y en la forma de beneficios tributarios para sectores como la agro exportación y la minería.

“Actividades como la pequeña agricultura familiar están abandonadas mientras el presupuesto se usa para beneficio privado”, al tiempo que poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, desaparecen del debate y de la política pública, agrega.

Ante tal situación, el documento plantea en lo político la convocatoria a un referendo sobre la conovcatoria a una Asamblea Constituyente para una nueva carta magna.

La asamblea, indica el documento, deberá establecer las bases de un Estado Plurinacional, Ecológico y Descentralizado que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos y se base en el principio ancestral del Sumaq Kawsay (Buen Vivir).

En lo internacional, el consenso constata una crisis global de la democracia liberal y de las instituciones surgidas en la posguerra que la sostenían y señala el reemplazo de la diplomacia y del multilateralismo por el imperio de la ley del más fuerte, que deja a los pueblos a merced de grandes potencias.

“América Latina, dada la política de seguridad del gobierno de Donald Trump, se encuentra en situación de alto riesgo en su derecho al autogobierno”, precisa.

Agrega que “La fase actual del capitalismo financiero y extractivista, nos lleva a una crisis climática sin precedentes y con graves consecuencias para la vida”.

El objetivo de la agenda de consenso es reunir las principales expectativas, demandas y prioridades de la población, lo cual sólo es viable con la movilización de todos los sectores sociales, advierte.

El Consenso sobre Derechos Humanos desarrolla otros acápites. Como la igualdad real y una vida libre de violencia; los derechos de los pueblos ancestrales; el derecho al agua y a la soberanía alimentaria y el cuidado real y soporte a poblaciones vulnerables.

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