La iniciativa está comprendida en un documento producto de diálogos regionales que convergieron en un encuentro nacional en Lima, aunque los participantes no tomaron posición sobre ninguna candidatura.

Como consecuencia de la larga crisis política, caracterizada por ocho cambios de presidente, el proceso de consenso entre organizaciones llegó a la conclusión de que ni la Constitución neoliberal de 1993, ni el Congreso, ni el Ejecutivo representan a las organizaciones sociales.

Por ello, preparan una propuesta de nueva Carta Magna, construida desde las bases, y que contempla un modelo económico mixto, donde el Estado tenga un papel activo, como garante de los derechos sociales y ejecutor de políticas efectivas contra la pobreza.

Las organizaciones señalaron también que las instituciones actuales no reflejan las urgentes necesidades y demandas del pueblo y apuntaron que la nueva ley fundamental debe ser producto de un proceso participativo y democrático en su elaboración. También, según el consenso logrado, deberá recoger la diversidad cultural peruana y establecer que las organizaciones de base y la ciudadanía, participen activamente en la toma de decisiones.

Otro argumento en favor de un proceso constituyente, dicen, es el cambio del 60 por ciento de la actual Carta Magna y la modificación por el impopular Parlamento de 63 artículos, lo cual, según renombrados juristas, ha violado la esencia presidencialista de la constitución en favor del Legislativo ahora en manos derechistas.

Sandro Vásquez, dirigente de las Rondas Campesinas -fuerzas populares de seguridad ciudadana- de la provincia de Hualgayoc, en la norandina región de Cajamarca, declaró que la Constitución vigente sólo representa intereses económicos minoritarios que dominan el país.

Agregó que los recursos estratégicos peruanos “deben estar controlados por el Estado para beneficiar a las grandes mayorías y no solo a los empresarios que viven a costa de nuestros recursos, destruyendo nuestras cabeceras de cuencas y afectando el derecho al agua”.

Para Fausto Torres, dirigente de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de la región surandina de Apurímac, los peruanos deben construir un Estado plurinacional, democrático y participativo y una economía mixta, social y solidaria, inclusiva y equitativa.

“Estamos trabajando para construir un poder constituyente que sirva a las mayorías de los pobres del Perú”, agregó.

La secretaria de la Mujer de la Comunidad Étnica de los Pueblos Quichuas Amazónicos de la noramazónica de San Martín, Sandy Guerra, los pueblos selváticos originarios han sufrido siempre la vulneración de sus derechos, por lo que están distanciados de los gobiernos.

Por ello, añadió, plantean “establecer las bases de un nuevo pacto social que nos permita construir un poder soberano mayoritario y homogéneo”.

El Apu Mallku (líder aymara) del Consejo de Autoridades Originarias de la región surandina de Puno, José Carlos Gutiérrez, aseveró que las constituciones peruanas han sido en su mayoría elaboradas por sectores elitistas, es decir poderes políticos y económicos, lo que no debe repetirse.

“El nuevo pacto social debe construirse desde las bases, desde las comunidades; este proceso se está gestando y hoy ha tomado un nuevo impulso, porque es un clamor popular”, afirmó.

Entre los principales planteamientos de la propuesta, explicó, se incluye la construcción de un Estado descentralizado y plurinacional, el reconocimiento de territorios comunales, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y la transición hacia un modelo económico mixto con mayor participación del Estado y enfocado en el bien común. car/mrs