Mediante un comunicado, la entidad expresó profunda preocupación ante los recurrentes obstáculos impuestos por la actual administración de esa casa de altos estudios a la labor reporteril y al libre acceso a la información pública en eventos de alto interés nacional.

Instó a las autoridades de la Universidad de San Carlos y a todos los actores involucrados a garantizar, sin restricciones ni condicionamientos, el acceso pleno de periodistas y medios de comunicación a todas las fases de este proceso.

La elección de la máxima autoridad de la universidad nacional constituye un hecho de evidente interés público, puntualizó. Limitar la cobertura mediática –precisó- no solo vulnera derechos, sino que también genera incertidumbre sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como símbolo histórico de autonomía, pensamiento crítico y formación ciudadana, debe actuar con apego a los principios de transparencia y apertura, consideró la APG.

Al menos cuatro amparos presentados ante un tribunal de justicia en esta capital buscan que todos los cuerpos electorales sean acreditados y no solo sectores afines al actual rector Walter Mazariegos.

A esta figura se le cuestiona principalmente por la legitimidad del proceso del año 2022, que conllevó a que el Campus Central y varios centros regionales estuvieran cerrados por más de 380 días como protesta.

Las instalaciones fueron entregadas paulatinamente a mediados de 2023, bajo una fuerte presión legal y amenazas de desalojo por parte del Ministerio Público.

El ente investigativo, en lugar de abordar el fraude, presentó a Mazariegos como víctima de los estudiantes y catedráticos que protestaron contra él y promovió el caso “Toma de la Usac: Botín de Guerra”.

Organizaciones sociales advirtieron que la gestión del rector sirvió para “alinear” a la universidad con los intereses de grupos políticos externos, perdiendo su esencia crítica y autónoma.

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