En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción (Feci) del ente investigatico, Rafael Curruchiche, señaló a la extitular de los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación durante el enfrentamiento a la pandemia.

Añadió que también se pidió una orden de aprehensión de la exviceministra de Salud Nancy Ingrid Pezzarossi, por el delito de abuso de autoridad.

Incluyó al exjefe del Departamento Financiero del Ministerio de Salud, Rommel Noguera, por abuso de autoridad y peculado por sustracción; así como del extitular del Departamento Administrativo de esa cartera, Erick Belding, igualmente por lo primero.

El MP solicitó ayer diligencias de allanamiento para obtener indicios y hacer efectivas las órdenes de captura, sin embargo, estas no fueron autorizadas por el juez, describió Curruchiche.

Explicó que toda esta investigación que algunos medios de comunicación y diputados pensaban que era un “megacaso” de corrupción, simplemente lo que hubo fueron incumplimientos en el decreto 1-2021 del Congreso para la adquisición de vacunas.

Argumentó que muchos de los fármacos se perdieron, “porque simple y sencillamente no se las pusieron, porque sabían que si viajaban a Estados Unidos o hacían el trámite de alguna visa les exigían que no tenían que ir” inmunizados con Sputnik V.

¿Por qué se aceptan vacunas cuando tenían fecha de vencimiento de tres o cuatro semanas? ¿Por qué no se rechazaron? ¿Por qué se hizo un desembolso sin tener certeza de que iban a venir?, preguntó el fiscal.

Recordó que el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) goza del derecho de antejuicio por ser diputado del Parlamento Centroamericano.

En cuanto a Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno en 2020 y cercano al mandatario, comentó que solicitaron asistencia a Estados Unidos.

Esperaríamos que el país del norte nos remita las pruebas en su contra, “obviamente todo esto lleva un proceso”, subrayó.

El 7 de mayo de 2021, el MP anunció que iniciaría una investigación de oficio tras las constantes críticas y dudas sobre el contrato de mil 200 millones de quetzales (casi 157 millones de dólares al cambio actual).

La pesquisa se centró en los retrasos de entrega y la opacidad del pacto; sin embargo, durante casi tres años, no mostró avances significativos ni capturas.

El caso cobró una nueva dimensión legal el 4 de abril de 2024 cuando el Gobierno de Bernardo Arévalo, a través de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud, presentó una denuncia penal formal ante el MP.

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