El organismo electoral, presidido por Diana Atamaint, aprobó la medida con base en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución dependiente del Ejecutivo que advirtió sobre posibles impactos del fenómeno climático de El Niño a inicios de 2027.

Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por sectores políticos y técnicos, que consideran que no existen suficientes certezas científicas para justificar un cambio de esa magnitud.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que aún es prematuro determinar la intensidad de El Niño y poco después de la decisión del CNE, el director de la institución, Bolívar Erazo, anunció su renuncia sin explicar los motivos.

Su dimisión aumentó las interrogantes sobre el sustento técnico del adelanto electoral.

La única miembro del CNE que votó en contra de la decisión, Elena Nájera, cuestionó el argumento climático y recordó que incluso durante la pandemia de Covid-19 se realizaron elecciones.

Desde la oposición, las críticas apuntan a una motivación política detrás del cambio de calendario.

El expresidente Rafael Correa, fundador y líder de la Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que la medida busca impedir la participación de organizaciones de oposición, algunas con procesos pendientes en el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral.

La titular de esa organización, Gabriela Rivadeneira, afirmó que el cambio limita la participación política y consideró que “el Gobierno está forzando que las reglas del juego cambien”.

Desde el movimiento indígena Pachakutik, la legisladora Mariana Yumbay advirtió que la decisión podría responder a un intento de asegurar resultados favorables para el oficialismo.

En tanto, Geovanni Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, calificó la medida como un atentado contra los derechos de participación política, en un contexto en el que su organización enfrenta un proceso de cancelación.

Desde el oficialismo se rechazan estas acusaciones, mientras otros partidos han optado por adaptarse al nuevo escenario.

Juan Fernando Flores, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), afirmó que su organización está preparada para participar en las votaciones, y en la misma línea se pronunció Javier Orti, de Avanza, según reportó el diario El Universo.

No obstante, el Partido Social Cristiano (PSC) criticó la resolución y sostuvo en un comunicado que ningún informe técnico puede prever con tanta anticipación eventos climáticos de esa magnitud.

La Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador denunció que el CNE actúa como un operador político y que la medida afecta la institucionalidad democrática.

Por su parte, la Red de Observación e Integridad Electoral advirtió que modificar el calendario electoral puede generar desconfianza, afectar la igualdad en la competencia y debilitar la credibilidad del proceso.

En las votaciones, ya fijadas para el venidero 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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