Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera cambiar para el 29 de noviembre de este año los sufragios, previstos inicialmente para febrero de 2027, el abogado Gabriel Rivera, representante del movimiento Revolución Ciudadana (RC), presentó un recurso subjetivo ante el TCE.

Rivera cuestionó la legalidad de la medida al considerar que carece de motivación suficiente y no cumple con los estándares establecidos en la Constitución y el Código de la Democracia (ley electoral).

El jurista también advirtió inconsistencias en el nuevo cronograma electoral, al señalar que el plazo de 104 días para la inscripción de candidaturas excede lo previsto en la normativa vigente.

“Es una írrita resolución que, de no ser revocada, debe ser declarada nula por transgredir la normativa ecuatoriana y afectar gravemente los derechos de participación ciudadana”, sostuvo.

En paralelo, el académico Andrés Albuja presentó la víspera una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en la que argumenta que el cambio de fecha vulnera principios como la seguridad jurídica, la previsibilidad y la inalterabilidad de las reglas electorales.

Las acciones legales se producen en un contexto de creciente tensión política, tras la decisión del CNE de adelantar en 77 días los comicios bajo el argumento de riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, defendió la resolución y sostuvo que se adoptó sobre la base de informes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Asimismo, pidió a la Corte Constitucional no intervenir y recordó que, durante el período electoral, la Función Electoral es la máxima autoridad.

El cambio de calendario redujo los plazos para las organizaciones políticas, que deberán realizar sus procesos internos entre junio y julio para definir candidaturas.

El nuevo escenario complica especialmente a movimientos de oposición como la RC, que enfrenta una suspensión de nueve meses, y a organizaciones como Construye y Unidad Popular, que están en proceso de cancelación del registro electoral.

Ante esta situación, dirigentes del correísmo llamaron a sus posibles candidatos a desafiliarse para poder participar por otras organizaciones, en cumplimiento de los plazos legales.

En los venideros sufragios los ecuatorianos deberán elegir prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, así como los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

npg/avr