En un encuentro con periodistas de la prensa internacional, en Quito, la asambleísta Verónica Iñiguez afirmó que en el país “es muy difícil encontrar un proceso que se rija por la democracia” y advirtió sobre una erosión del Estado de derecho.

La legisladora centró sus críticas en el funcionamiento parlamentario, donde aseguró que la RC, pese a ser la segunda fuerza política, no cuenta con representación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano clave para tramitar leyes y procesos de fiscalización.

Según Iñiguez, esta situación limita la capacidad de la oposición para canalizar denuncias y ejercer control político, ya que el CAL filtra los procesos que llegan al pleno.

Afirmó que alrededor del gobierno de Daniel Noboa hay muchos casos de corrupción y es en la Asamblea Nacional donde se dan los primeros pasos para que más adelante los órganos competentes los analicen.

“Cuando nosotros como asambleístas de oposición llevamos un caso de fiscalización (…) lo que hacen los miembros de Acción Democrática Nacional (ADN) es bloquear el proceso”, añadió.

La legisladora también cuestionó las limitaciones al debate parlamentario, al señalar que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, decide las intervenciones en el pleno.

Asimismo, criticó el uso “deliberado y abusivo” por parte del Gobierno de la calificación de leyes como económicas urgentes para acelerar su aprobación en un plazo de 30 días sin profundizar en los debates.

Por su parte, el asambleísta Xavier Lasso advirtió sobre un deterioro institucional más amplio y denunció presiones contra actores políticos y restricciones al funcionamiento democrático.

Lasso también cuestionó decisiones recientes como el adelanto de las elecciones para elegir autoridades locales y la suspensión de la RC basada en una investigación por supuesto financiamiento ilícito de campaña, al considerar que no tienen sustento técnico.

El parlamentario señaló hechos que a su juicio llevaron a este punto al país, como el asalto a la embajada de México, el “secuestro y tortura” del exvicepresidente Jorge Glas, la expulsión de periodistas y compra de medios de comunicación, casos de desaparición forzada de menores, presión a la Corte Constitucional, entre otros.

ro/avr