Tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo tribunal electoral, como la Coordinadora de los Derechos Humanos (CNDDHH), rechazaron en diversos términos la amenaza lanzada ayer en una entrevista.

“Si me hacen eso a mí, voy a las oficinas y no sé si (Corvetto) quede vivo”, dijo en una entrevista en referencia a que la ONPE exigió al partido Fuerza Popular que pague por el costo de la impresión de copias de las actas electorales de 2021 que ese organismo debe entregar por un mandato judicial.

La amenaza del virulento candidato neoliberal dio pie a una declaración del JNE, en el que, en forma obvia y sin mencionar la amenaza, afirma que “rechazamos de manera categórica toda expresión que suponga amenaza, intimidación o deslegitimación de los organismos electorales y de sus autoridades”.

El comunicado exhorta a los partidos y candidatos a “conducir sus intervenciones en el marco de un diálogo con altura, responsable y respetuoso, acorde con la investidura que aspiran representar”.

“No le voy a contestar a ningún político que esté en campaña”, dijo por su parte el amenazado Corvetto y añadió que “Mi deber moral e institucional es garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes, seguras y tranquilas”, agregó.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que la actitud de López-Aliaga “es una grave amenaza a la institucionalidad electoral y a la democracia” y pone en grave riesgo la integridad de las autoridades electorales y contribuye a normalizar la violencia.

La CNDDHH consideró también preocupantes las versiones de supuestos actos fraudulentos sin evidencia, lo que erosiona la confianza en el sistema electoral.

La actitud de López-Aliaga incrementó por otra parte las dudas sobre la cordura de quien con sus actos ensombreció el proceso electoral.

En la misma jornada, el personaje provocó indignadas protestas de rechazo a su presencia en la ciudad surandina de Juliaca, de la región de Puno, de la que tuvo que salir escoltado por la Policía, ante el asedio de los pobladores.

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