En una tensa sesión, el Congreso Nacional (Parlamento) acordó el pasado jueves, con 91 votos de un total de 128 diputados, enjuiciar a Marlon Ochoa y Mario Morazán, representantes de Libre en los dos principales órganos electorales de este país.

Además de Ochoa y Morazán, magistrados propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), respectivamente, el Legislativo sentará en el banquillo a Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, suplentes de ese último ente.

Con la admisión de las denuncias, presentadas por los derechistas partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), las dos formaciones tradicionales de la nación centroamericana, los señalados fueron suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla el proceso, que incluirá audiencias de descargo.

Para ello, el Congreso nombró una comisión especial integrada por miembros del bipartidismo, encarnado por nacionalistas y liberales, que será la encargada de interpelar este lunes a los implicados.

Las acusaciones recogen denuncias de abogados y señalamientos basados en informes de misiones de observación electoral, en los que se atribuyen irregularidades y el supuesto entorpecimiento de las polémicas elecciones primarias de marzo y las generales del 30 de noviembre de 2025.

El jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchamé, calificó la jornada del jueves como “un día oscuro para la institucionalidad del país”.

“Las personas sometidas a juicio político esta noche no han cometido ningún delito, solo cumplieron la misión para la que fueron nombrados”, expresó.

Denunció que los juicios políticos impulsados por el PN, en el poder, y el PL, primera fuerza de oposición, forman parte de una estrategia para tomar el control de las instituciones.

Advirtió que en menos de 30 días el bipartidismo promovió acciones contra el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y ahora contra los órganos electorales, “lo que evidencia una ruta para concentrar poder e instalar una nueva dictadura”, enfatizó.

Panchamé acentuó que el enjuiciamiento se está utilizando como un arma para doblegar la democracia y someter al Partido Libertad y Refundación, que ganó en las urnas el derecho a tener representación en el CNE y el TJE, al igual que nacionalistas y liberales.

Ochoa anticipó el pasado viernes que no atenderá la citatoria realizada por el Parlamento, bajo la premisa de que la resolución para destituirlo de su cargo ya fue pactada de antemano por la derecha en el poder, aseveró.

El consejero cuestionó la imparcialidad de la comisión especial, a cuyos integrantes describió como “verdugos” dentro de un proceso que consideró predeterminado.

Ratificó que su casi segura defenestración por el Legislativo procura anular todas las pruebas de fraude en los pasados comicios, del cual aseguró tener conocimiento directo.

“Sé que el régimen ilegal ha arreciado sus amenazas de condenarme en el Congreso Nacional; una muerte anunciada por todos los medios desde el momento en que me negué a avalar el descarado fraude del 30 de noviembre, del cual soy testigo presencial”, sentenció.

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