Al comparecer ante la comisión legislativa que lo interpela, Morazán dijo que la Ley de Juicio Político aplicada por el Congreso Nacional (Parlamento) es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y contraviene lo dispuesto por la Convención Americana.
Denunció que el Estado de Honduras ignora la sentencia Gutiérrez Navas, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió reformar la normativa vigente por ser violatoria de los derechos fundamentales de los ciudadanos, recordó.
Según su opinión, varios miembros de la comisión especial del Congreso ya emitieron públicamente sus juicios previos sobre el caso, y esto anula cualquier posibilidad de desarrollar un procedimiento objetivo, imparcial y apegado a la justicia, subrayó.
Cercano al ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Morazán insistió en que todo eso lo dijo la Corte IDH en la mencionada sentencia, en la cual pidió a esta nación centroamericana reformar esa ley por ser contraria a la Convención Americana, alegó.
Aseguró que el juicio político impulsado por los derechistas partidos Nacional y Liberal, que encarnan el tradicional bipartidismo en Honduras, responde a una “operación sistemática para eliminar la disidencia y una concentración de poder”.
El funcionario comparó su caso con las recientes destituciones del exfiscal general de la República, Johel Zelaya, y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, ejecutadas por el Legislativo mediante el mismo procedimiento.
“Esto no es un juicio político, esto es un juicio politizado y, pese a la narrativa que se ha traído aquí, actué siempre conforme a la ley”, aseveró Morazán ante los nueve integrantes de la comisión bipartidista.
“Es una operación para apoderarse de toda la institucionalidad sin respeto al Estado de derecho, mediante juicios sumarios que no han durado ni 24 horas”, remarcó.
En una tensa sesión, el Congreso Nacional acordó el jueves último, con 91 votos de un total de 128 diputados, enjuiciar a Morazán, del TJE, y a Marlon Ochoa, representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), los dos principales órganos plebiscitarios de este país.
Sin embargo, Ochoa anticipó el pasado viernes que no atendería la citatoria realizada por el Parlamento, bajo la premisa de que la resolución para destituirlo de su cargo ya fue pactada de antemano por la derecha en el poder, aseveró.
El consejero cuestionó la imparcialidad de la comisión especial, a cuyos integrantes describió como “verdugos” dentro de un proceso que consideró predeterminado.
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