El proceso bilateral, que involucra a autoridades políticas y técnicas, se dirige hacia la definición de un nuevo esquema de precios para la energía generada por la hidroeléctrica homónima de ambas naciones a partir de 2027.

Según datos oficiales, la Itaipú, en el río Paraná y una de las mayores infraestructuras de su tipo a nivel mundial, representa cerca del ocho por ciento del consumo eléctrico brasileño y alrededor del 78 por ciento del paraguayo.

A juicio del director general de la hidroeléctrica por la parte del gigante sudamericano, Enio Verri, las negociaciones en curso permitirán reducir el costo de la energía.

De acuerdo con Agencia Brasil, Verri adelantó que a más tardar en diciembre próximo se podrá anunciar la tarifa para 2027 o los años siguientes.

La revisión del Anexo C, contemplado en el tratado que se firmó en 1973, se activa tras cinco décadas para redefinir las bases financieras de la central y los criterios de fijación de precios, expuso la fuente.

En los últimos años, el costo unitario de los servicios eléctricos se situó en 19,28 dólares por kiloWatts/mes, mientras que en Brasil se aplicó una tarifa de 17,66 dólares gracias a aportes adicionales de la propia Itaipú, en un esquema transitorio vigente hasta finales de 2026.

Posiciones en la mesa de los diálogos reflejan intereses distintos, amplió dicho medio, pues Brasil busca reducir el costo de la electricidad para favorecer a consumidores e industria, y Paraguay pretende aumentar sus ingresos mediante la valorización de la energía que no utiliza de su cuota.

Verri subrayó que la política pública de su país se centra en la energía barata, porque cuanto más sea de esa manera, mayor será la inclusión social.

Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de que Paraguay venda directamente su excedente energético en el mercado libre brasileño, lo que ampliaría sus ingresos y reforzaría los mecanismos de integración regional.

Tal opción implicaría un cambio relevante en la dinámica tradicional de comercialización establecida por el acuerdo binacional.

Cualquier modificación, recordaron reportes de prensa, deberá ser aprobada por los parlamentos nacionales, lo cual añade una dimensión política al resultado final de las negociaciones.

Dicha hidroeléctrica desarrolla un plan de actualización tecnológica iniciado en 2022, con inversiones estimadas en 900 millones de dólares y ejecución prevista hasta 2035.

Las acciones incluyen la modernización de sistemas electrónicos y centros de control, para aumentar la eficiencia operativa.

Además, recalcó Verri, se estudian alternativas dirigidas a ampliar la generación de energía, mediante nuevas turbinas o mejoras en la productividad de las unidades actuales.

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