De acuerdo con Olsen, el objetivo de sesionar en otras provincias es “estar más cerca de la gente”, aunque cada movimiento del pleno de la Asamblea tiene un costo de 30 mil dólares.

El titular del Legislativo, de la bancada oficialista del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), defendió las sesiones itinerantes como un mecanismo para facilitar el acceso de gremios, medios locales y organizaciones sociales que no pueden movilizarse a la capital.

En los últimos meses, la Asamblea ha tenido sesiones en las provincias de Guayas, Azuay y El Oro.

El gasto de esos movimientos, con toda la logística institucional que conlleva, abrió este miércoles el debate sobre la utilidad de realizar los debates fuera de la sede establecida en medio de problemas presupuestarios en sectores como la salud.

Incluso, estimaciones extraoficiales difieren de la cifra informada por Olsen y sitúan el costo total entre 40 mil y 45 mil dólares por sesión en otros territorios.

La asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, cuestionó la cifra dada por el presidente del Parlamento y afirmó que el gasto por sesión no se justifica cuando el país enfrenta falta de dinero para medicamentos e insumos básicos, además de una “inseguridad campante”.

De acuerdo con Yumbay, algunos de sus colegas parlamentarios cuentan con hasta cinco guardaespaldas pagados por la institución.

Además, desmintió que los viajes permitan un acercamiento con la población, pues tras haber recorrido varias provincias, no se han reunido con gremios ni actores locales.

El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), coincidió con Yumbay en que estas sesiones poco o nada han contribuido a acercarse a los pobladores de las localidades visitadas.

Serrano recordó que la Constitución señala que la Asamblea podrá sesionar en otro lugar que no sea su sede en Quito de forma excepcional y ese requisito, en su opinión, no se ha justificado.

Por su parte, Viviana Veloz, legisladora de Revolución Ciudadana (RC), recomendó que el presidente Olsen evalúe los resultados y efectos de estas movilizaciones y considere una agenda territorial real.

Pese a los cuestionamientos, el presidente Olsen insistió en que el gasto se justifica porque permite fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

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