En cuanto a las primeras, las fuerzas del orden interior superaron el índice reportado en igual periodo del 2025 en 272 unidades, subrayó un reporte del estatal Diario de CentroAmérica, en base a datos de la incidencia criminal del Ministerio de Gobernación.

Además, añadió el texto a partir de una plataforma de ese cartera, el número de aprehensiones creció en mil 308.

Estos resultados responden a una estrategia integral enfocada en la prevención del delito y el fortalecimiento de la operatividad, explicó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, citado por el medio.

Destacó la implementación de estrategias específicas en coordinación interinstitucional, mientras mencionó el Plan Centinela, desarrollado en el departamento de Escuintla, y el Metropolitano.

El portavoz remarcó también la labor de las unidades de investigación, que trabajan para identificar a presuntos responsables de ilícitos.

En cuanto a los decomisos de armas, el experto en seguridad, Julio Hernández, calificó de significativo el avance, porque evitaron un sinfín de delitos y posibles homicidios.

Señaló, sin embargo, limitaciones en la cadena de justicia, pues cada una de ella tiene un responsable, pero este no es sancionado en los tribunales.

Estos artefactos salen de circulación, aunque los responsables vuelven a salir a la calle y continúan activos, advirtió.

Sobre las capturas, ilustró que en la práctica, de cada 10, nueve salen bajo medidas sustitutivas y vuelven a delinquir. Puntualizó la existencia de fallas en el sistema frente al volumen de detenciones.

La Policía hace el trabajo de campo, la labor de calle; en cambio, lo que corresponde a la administración de justicia queda en deuda con la sociedad, enfatizó Hernández.

El Gobierno, según otros analistas, debe transitar de la captura masiva a la desarticulación financiera de las redes criminales y a la mejora de la seguridad preventiva en las zonas que siguen bajo control de las maras o pandillas.

ro/znc