En un pronunciamiento difundido este lunes tras su asamblea plenaria, los obispos expresaron su cercanía con las familias afectadas por la inseguridad y la crisis social.
“La violencia ha entrado en nuestras casas, calles y escuelas”, señalaron.
En su manifiesto, los católicos ecuatorianos también hicieron referencia a los desplazamientos internos provocados por la inseguridad, al afirmar que “a las familias que han huido empujadas por la violencia, les decimos, no están solas”.
Los religiosos instaron a las autoridades a cumplir su responsabilidad en la protección de la población.
“Quienes ejercen el poder tienen la grave obligación de proteger a sus ciudadanos con firmeza y justicia. No se puede negociar con la muerte ni acostumbrarse al miedo”, indicaron.
Asimismo, denunciaron el avance de la pobreza y el desempleo, al advertir que estas condiciones vuelven a sectores vulnerables más expuestos al crimen organizado, por lo que exigieron políticas públicas orientadas a garantizar educación, salud y empleo digno.
Los obispos también alertaron sobre la corrupción, a la que calificaron como un “pecado social” que afecta principalmente a los más pobres.
Además, llamaron a fortalecer las instituciones democráticas y a evitar la manipulación del Estado de derecho.
“La democracia es un bien precioso que debemos entregar fortalecido a las nuevas generaciones”, subrayaron.
El comunicado de la Conferencia Episcopal fue divulgado poco después que el presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda nocturno en nueve provincias y cuatro municipios del 3 al 18 de mayo, para intensificar la lucha contra los grupos del crimen organizado.
La medida se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro y Pichincha, cuya capital es Quito.
También estará vigente en La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Ecuador permanece desde 2024 bajo la declaratoria de conflicto armado interno, con la que el Gobierno busca enfrentar a bandas criminales calificadas como terroristas.
Pese a la militarización, toques de queda y estados de excepción, el país cerró 2025 con más de nueve mil homicidios, la cifra más alta desde que existen registros.
No obstante, Noboa aseguró que en el primer trimestre de 2026 las muertes violentas disminuyeron un 14 por ciento y ha defendido la cooperación internacional, fundamentalmente con Estados Unidos, cuyas tropas estaría dispuesto a recibir en el territorio nacional.
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